Los centros de Sacyl registraron el pasado año un total de 360 incidentes, un 9 por ciento más que en 2012, con 432 trabajadores agredidos —un 11 por ciento más—, de los cuales el 81,48 por ciento son mujeres, según los datos presentados este viernes ante el Observatorio Regional contra las Agresiones al personal de Sacyl.

Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, minutos antes de participar en la reunión del Observatorio en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el fiscal jefe de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, y la directora de Recursos Humanos de Sacyl, Esperanza Vázquez.

Precisamente Martín Granizo, quien ha recordado que la Fiscalía participa desde su creación en el Observatorio, ha expresado la "tolerancia cero" frente a estas agresiones, para las que el Código Penal es "suficientemente duro" y tiene respuesttas.

Del total de incidentes, 217 lo fueron en Atención Especializada, mientras que 142 se registraron en Primaria y uno en Emergencias. El 95 por ciento de ellos se produjeron en el centro de trabajo, un 2 por ciento en la vía pública y un 3 por ciento en casa del paciente.

El registro oficial señala además que hubo 432 trabajadores agredidos, de los que el 60 por ciento (275) lo fueron en los hospitales y centros adscritos (aumento del 31 por ciento con respecto a 2012), 156 en los centros de salud (descenso del 10) y uno en Emergencias (descenso del 80 por ciento). Del total de agresiones, 140 fueron a facultativos, 168 a personal de enfermería, 62 a técnicos auxiliares de enfermería, 18 a celadores y 49 otro personal (odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, administrativos, etcétera).

Fundamentalmente agresiones a mujeres

Otro dato del registro revela que 352 de los agredidos fueron mujeres y sólo 80 hombres. Del análisis de la plantilla total de Sacyl se deduce además que el año pasado fueron agredidos el 0,88 por ciento de los hombres y el 1,29 por ciento de las mujeres.

En este sentido, el consejero de Sanidad ha señalado que el hecho de que esta tasa afecte más a las mujeres es una cuestión que habrá que revisar. Por su parte, Martín Granizo ha interpretado que además de la conculcación del principio de autoridad, supone un abuso de superioridad.

En el caso de las agresiones físicas —un 17 por ciento del total, 98 en total—, se ha observado un aumento de las acciones violentas tanto en los hospitales (28 por ciento más, al pasar de 65 a 83 casos) como en Atención Primaria (88 por ciento más, de ocho a 15 casos). Un total de 44 de ellas se registró en los servicios de Psiquiatría, 21 en Urgencias, ocho en Medicina Interna, seis en consulta y 19 en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente.

Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, un 30 por ciento se refiere a discrepancias con el criterio asistencial del profesional -bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medicamentos-, seguido de un 22 por ciento por disconformidad en el trato, un 26 por descompensación psíquica o un 11 por ciento por drogadicción y alcoholismo.

En cuanto al perfil del autor de las agresiones, se mantiene estables los datos relativos al sexo (el registro indica que un 64 por ciento son hombres y un 36 por ciento mujeres) y la tipología (un 64 por ciento son usuarios y un 34 por ciento familiares, con un 86 por ciento de los incidentes protagonizados por una sola persona).

Destaca un aumento de la reincidencia, pasando del 16 al 20 por ciento, ha explicado Sáez Aguado, quien ha incidido en que a veces un paciente reincide en un mismo ingreso. Además, ha señalado que se presta especial atención a los centros sanitarios donde se producen más de dos agresiones al año.

Sentencias condenatorias

En el transcurso de la reunión del Observatorio Regional contra las Agresiones, el consejero ha anunciado que se han registrado ya 29 sentencias condenatorias por delito contra funcionario público (24 de ellas por delito de atentado y las otras cinco relacionadas con delitos de lesiones, tentativa de agresión sexual, robo con fuerza en las cosas, amenazas o delito de desórdenes públicos).

A su juicio, estas condenas supone un apoyo decisivo dentro del plan integral que la Junta de Castilla y León puso en marcha en 2008, con la colaboración en este apartado de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

El año pasado, el teléfono de asesoramiento 902 197 781 recibió 82 llamadas y se abrieron 54 expedientes de defensa penal, un 62 por ciento de ellos por parte de profesionales de la medicina. La Junta de Castilla y León puso además a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.

Además, las sanciones administrativas —que pueden suponer entre 300 y 600 euros— impuestas por la propia Consejería de Sanidad, una figura novedosa que supone un complemento significativo a la actuación judicial, supusieron doce resoluciones definitivas contra el agresor (dos en Burgos, ocho en Palencia y dos en Valladolid).

Dentro de este apartado destaca la modificación de la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, de manera que se reconoce el derecho de los profesionales a ser respetados y valorados y se les confiere consideración de autoridad pública y presunción de veracidad, lo que probablemente agilice los procedimientos administrativos, que hasta ahora son muy pocas.

Sólo Aragón y Castilla y León han regulado hasta el momento esta materia, pero en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordó conceder esta categoría a los profesionales sanitarios en el ámbito nacional. Sáez Aguado además ha señalado que en el grupo de trabajo creado por el Ministerio para trabajar en esta materia no se contemplan medidas diferentes a las ya puestas en marcha en la Comunidad.

En el aspecto de la formación, el año pasado se impartieron 39 cursos a un total de 812 profesionales, en materias como técnicas de detección de conductas violentas, manejo de pacientes agitados o seguridad en la atención a personas con trastornos mentales graves.

Medidas futuras

Dentro de las medidas para prevenir agresiones, la Gerencia Regional de Salud ha elaborado una nueva relación de centros en los que se han producido al menos dos agresiones en Atención Primaria, con un total de 43 -seis menos que en 2012-, de los que 20 se mantiene de listados anteriores y 23 son nuevos.

Del grupo de trabajo creado en 2013 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para analizar la situación a nivel nacional y proponer medidas, destacan entre las conclusiones la necesidad de desarrollar convenios de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por último, la auditoría realizada por la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Gerencia Regional de Salud ofrece buenos resultados en cuanto al cumplimiento de los protocolos, aunque destaca la necesidad de mejorarlos en lo que se refiere a la investigación de las agresiones o la incoación de expedientes sancionadores.