El juez Pablo Ruz, que instruye la trama Gürtel, sigue poniendo sus ojos sobre la presunta financiación ilegal del PP, acreditada ya, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. En un informe de 265 páginas fechado el 30 de diciembre de 2013, la UDEF ya señalaba que esa financiación se gestionaba a través de las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la red, y como financiadores ilegales aparecían empresarios que eran contratistas de estas Administraciones públicas. En el informe, la UDEF señala hasta cinco veces que el PP se sirvió durante años y años de la trama Gürtel para financiar, entre otras cosas, sus actos electorales. Ahora, en un nuevo auto fechado el 18 de junio, Ruz quiere saber quién controlaba la financiación del partido en los principales municipios madrileños donde la Gürtel campó a sus anchas: Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, tres de los principales 'caladeros' de votos del PP en Madrid. O dicho de otra forma, Ruz quiere saber si los delitos cometidos por los grupos municipales del PP en esos tres municipios salpican al PP a nivel nacional.

La petición, por indicación de la Fiscalía Anticorrupción, no es baladí. En el auto, el juez solicita al PP nacional toda la información "de la organización del PP en Boadilla, Pozuelo y Majadahonda entre los años 2000 y 2009, en particular información sobre la naturaleza jurídica de las agrupaciones o sedes de esa formación, indicando si se constituyen o no como entidades con personalidad jurídica propia y autónoma". Las empresas de Correa se han hecho cargo de decenas y decenas actos electorales en los 15 comicios (generales, autonómicas, locales y europeas) que se celebraron entre 1993 y 2007. Esta solicitud, según fuentes jurídicas, quiere certificar si los grupos municipales del PP de Pozuelo, Boadilla y Majadahonda eran independientes a Génova. Correa financió las campañas de los tres alcaldes de estos municipios, todos imputados. Jesús Sepúlveda (Pozuelo), el exmarido de la ministra Ana Mato; Arturo González Panero, alias el albondiguilla (Boadilla); y Guillermo Ortega, alias el rata (Majadahonda). De no ser independientes y controlar Génova su financiación, Ruz sabe que Luis Bárcenas, el extesorero nacional del partido, podría ser la clave para acreditar cómo se financió el PP en la zona noroeste de Madrid.

De hecho, José Ceres, el juez instructor que investiga la rama valenciana de la Gürtel, ha ordenado la declaración de Bárcenas por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real. El juez Ceres indaga el presunto pago de actos electorales del PP valenciano por empresas constructoras en las elecciones de 2007 y 2008. Unos actos que en aquella etapa, bajo la presidencia de Francisco Camps, organizaba en exclusiva Orange Market, una de las empresas de Francisco Correa. Bárcenas es una pieza separada del caso Gürtel, y el juez Ruz sigue trabajando para intentar acreditar las anotaciones de la contabilidad B llevada a cabo por Bárcenas. El magistrado parece tener ya sobre su mesa indicios importantes de que el PP lleva una contabilidad paralela distinta a la oficial. El 21 de noviembre de 2013, Ruz emitió un auto que lo deja claro: "El conjunto de elementos bajo análisis (...) permite confirmar, a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas".

Ruz también ha solicitado a Génova una especie de vida laboral de los tres exalcaldes imputados dentro del PP: "certificación de los cargos ocupados por Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega y Arturo González entre los años 2000 y 2009, y funciones que los mismos implicaban". Jesús Sepúlveda, por ejemplo, siguió a sueldo del PP después de ser imputado en marzo de 2009 y dejar la Alcaldía de Pozuelo. Trabajó de asesor del PP en la sede de Génova al menos hasta 2013, según publicó eldiario.es.

En la misma resolución judicial, Ruz también amplía su investigación sobre sociedades en Holanda al supuesto cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco Balín, también imputado. Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol, amigo de Aznar, inspector de Hacienda en excedencia, y que ha llegado a ocupar 21 cargos directivos en 18 empresas, está acusado de asesorar a Correa para ocultar su dinero en el extranjero. Como ya publicó 20minutos, Correa y Blanco Balín se asociaron en un negocio que no fructificó: abrir gasolineras en el canal de Panama para suministrar combustible a los barcos.

La verdad es que Blanco Balín era un hombre con mucho peso dentro de la red de Correa. La UDEF le definió como "pieza clave del engranaje de la organización". Y la instrucción judicial como hombre de confianza de Correa, "controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios".