La organización Facua-Consumidores en Acción se ha sumado a las peticiones de libertad para María del Carmen B.C. y Carlos C.N., condenados a tres años y un día de prisión por su actuación durante un piquete informativo del Movimiento 15M en Granada durante la huelga general de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno.

La asociación apoya la solicitud de la plataforma ciudadana por la suspensión de la condena presentada ante el Juzgado Penal Número 1 de Granada, que emitió la sentencia, ratificada después por la Audiencia Provincial de Granada.

En un comunicado, Facua considera que sentencias como ésta "sólo pretenden desmovilizar a los ciudadanos y criminalizar su legítimo derecho a la protesta, por lo que se une a las peticiones de suspensión". "En este caso, el juez no ha otorgado los habituales quince días de ingreso voluntario en prisión, una medida que redunda en la dureza empleada para juzgar los supuestos hechos. Tampoco se ha permitido a la condenada, Carmen, hacerse cargo del pago de los poco más de 700 euros en los que se han valorado los daños denunciados por la denunciante, provocados por pintadas con espray y pegatinas, como pago por la supuesta infracción", censura la asociación.

Asimismo, señala que "además de desproporcionada por la distancia entre el presunto delito y la condena final", la sentencia "tiene como base única el testimonio de la denunciante, la propietaria de uno de los comercios por los que pasó el piquete informativo del que formaban parte Carmen y Carlos el día de la huelga".

Facua considera que decisiones judiciales de este tipo "que buscan erróneamente la ejemplaridad lo que provoca es aumentar el intento de criminalización, de parte del Gobierno, de las movilizaciones de los ciudadanos de tal manera que se limiten los derechos civiles".

Según sus datos, además de la condena a Carmen y Carlos, en la actualidad hay alrededor de 55 procedimientos abiertos con alrededor de doscientas personas implicadas por participar en piquetes y protestas durante huelgas. Desde 2013, alrededor de mil manifestantes han sido sancionados con multas de hasta 6.000 euros, la mayor parte en Andalucía.

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