El PSOE ha exigido que sea el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, o la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, "los que salgan públicamente a dar la cara" a explicar lo que está pasando con el contrato de colaboración público-privada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tras el desestimiento a la oficina de control en la fase inicial del mismo.

En un comunicado, la diputada del PSOE Dolores Gorostiaga ha considerado una "cobardía política sin precedentes" que Diego y Sáenz de Buruaga hayan dejado las explicaciones "en manos" del gerente de Valdecilla, César Pascual, alguien que —ha dicho la socialista— "presume de técnico y niega ser un político".

Gorostiaga ha vuelto a insistir en que el contrato público-privado de Valdecilla, en el que están en juego 900 millones de euros de dinero público, se esté llevando a cabo "sin control alguno, incumpliendo las condiciones pactadas y firmadas por Ferrovial, la empresa adjudicataria, y el Gobierno de Cantabria", algo que considera un hecho de "extrema gravedad".

Para la socialista, el comunicado de Pascual, hecho público tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del desesestimiento por parte del Servicio Cántabro de Salud del procedimiento abierto para la oficina técnica, "reconoce implícitamente" que se está "incumpliendo lo establecido en el contrato, que fija revisiones y penalizaciones en su desarrollo".

"¿Quién está certificando si la privatización de la gestión de un total de 40 servicios de Valdecilla se está llevando a cabo en los términos establecidos en el contrato público-privado?", se ha preguntado pregunta la diputada socialista.

En su opinión, este hecho avala la petición del PSOE, realizada ayer, martes, de que se suspenda la ejecución del contrato hasta que se pongan en marcha los mecanismos de control externo previstos.

Gorostiaga también se ha mostrado "sorprendida" de que el gerente de Valdecilla afirme que son los técnicos del SCS los que realizan el control de la obra en las mismas condiciones que lo habría hecho la oficina de seguimiento que pretendía contratarse con el concurso ahora anulado.

La socialista ha insistido en que es algo "totalmente contradictorio" respecto con la justificación que se dio para convocar el concurso, que fue —ha dicho— "la falta de personal y medios técnicos para vigilar el cumplimiento del contrato".

"O se mintió al justificar el concurso o se miente ahora y el control no existe", ha añadido Gorostiaga, para la que ya son "demasiadas mentiras y ocultamientos".

Por otra parte, ha asegurado que "no es cierto" que, como afirma Pascual, el contrato de control no haya sido adjudicado a tiempo por la impugnación de una de las empresas que quedó eliminada y ha señalado que la convocatoria fue aplazada por dos veces debido a errores cometidos en la redacción de los pliegos de condiciones.

Así, ha afirmado que cuando finalmente se convocó el retraso sobre el inicio de la ejecución del contrato "era ya de tres meses".

Gorostiaga cree que los "repetidos errores", así como la impugnación por una empresa cuya identidad y motivos se desconocen, son demasiadas casualidades".

A juicio de la diputada socialista, hay una "evidente falta de diligencia" por parte de la Administración para adjudicar el contrato de la Oficina de control y seguimiento.

"No quisiera pensar que lo que estaban buscando era, precisamente, que no existiera control alguno en la etapa más crítica del proceso de privatización de los nuevos servicios", ha aseverado.

Para Gorostiaga son "nuevas sospechas" que, según ha dicho, "se suman a la política de ocultamientos" que, a su juicio, el Gobierno Diego mantiene con respecto a Valdecilla.

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