El Consejo de Administración de Elcogas, S.A., en la sesión celebrada el pasado lunes, 16 de junio, ha tomado la decisión de encargar a la dirección de la compañía el inicio las gestiones necesarias a fin de solicitar el cese de la actividad de explotación de su Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) en Puertollano (Ciudad Real) y la liquidación ordenada de la sociedad.

Esta decisión se produce después de que la empresa, con el apoyo de sus accionistas, haya desplegado a lo largo de los últimos años una larga serie de iniciativas para tratar de asegurar la viabilidad económica de la central, las cuales, al final, han resultado "lamentablemente infructuosas", según ha informado la compañía en un comunicado.

Elcogas se creó como un proyecto de investigación y desarrollo y, según la compañía, "ha venido cumpliendo con todos los objetivos que a un proyecto de este tipo se le han demandado".

La compañía explica que "su cierre es única y exclusivamente debido a que no se han tomado ni cumplido las medidas regulatorias necesarias para proveer a Elcogas de los retornos económicos imprescindibles, no ya para obtener un determinado nivel de rentabilidad o de recuperación razonable del capital invertido, sino ni tan sólo para permitirle cubrir sus costes".

En todo caso, apuntado el comunicado, la decisión del Consejo de Administración se ha realizado sobre la base de que no se produzca ningún cambio regulatorio que modifique la actual situación de inviabilidad económica de la central.

Abiertos a discutir propuestas

"En este sentido —apunta— estamos abiertos a discutir las propuestas que hemos planteado, o cualesquiera otras que pudieran plantearse. No obstante, por obvias razones de transparencia y respeto a todos los agentes afectados, se ha informado a todas las personas que desarrollan, directa o indirectamente, su trabajo en Elcogas".

La dirección de la sociedad se ha puesto en contacto inmediato con la representación sindical y el Comité de Empresa, para informarle de esta situación de cese de actividad y de su voluntad de que ésta se lleve a cabo "sobre la base del diálogo y del respeto escrupuloso de los derechos laborales de los trabajadores".

Asimismo, la dirección de la empresa se ha dirigido al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Puertollano para hacerles partícipes de manera inmediata de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración.