La Gerencia de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha mantenido este miércoles una reunión con la representación de los trabajadores de la cafetería ubicada frente a la biblioteca, que fue objeto de cierre patronal por parte de la anterior empresa concesionaria, a la que ha comprometido una reunión con una empresa que se ha interesado en el local para "negociar".

Así lo ha indicado a Europa Press la delegada sindical de CCOO, Rocío Sierra, que ha precisado que en este encuentro la sede académica negociaría directamente con dicha empresa las condiciones en las que podrían hacerse cargo de la actividad, a raíz de la situación del proceso abierto para tratar de encontrar una nueva adjudicataria.

"Como es natural, la empresa pone sus propias condiciones, que hay que negociar con la universidad, para pulir diferencias", ha asegurado Sierra, que recuerda que el objetivo es volver a sacar el concurso para la explotación de la actividad —el primero ha quedado desierto—, con idea de que el local pueda abrir de nuevo en septiembre. La idea que se venía manejando es la de plantear un concurso negociado, hablando directamente con entidades interesadas en la adjudicación para poder dar fluidez a un proceso en el que se pretenden unos pliegos más abiertos que los anteriores.

Y es que al primer concurso de licitación para la explotación de este servicio solo se presentó una empresa, que no fue capaz de acreditar los documentos y requisitos que se le han reclamado a pesar de que se le concedió una prórroga por valor de diez días.

No obstante, los afectados se congratulan de la "buena disposición" del rector, Vicente Guzmán, a poder estudiar el pliego y plantear la posibilidad de mejorarlo. Sierra ha valorado la actitud de la sede universitaria, "que ha llegado a proponer licitarla sin canon", y apunta como principal problemática a la deuda que el negocio mantiene con la Seguridad Social.

La licitación, por un canon mínimo de 6.050 euros anuales, pagaderos mensualmente a razón de cuotas de poco más de quinientos euros, contaba con unas condiciones según las cuales el contratista debe contar con solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional; no se exigía garantía provisional.

Los pliegos incluyen la subrogación del personal que hasta su cierre venía desempeñando su labor en dicho negocio, y que había comenzado el reparto de octavillas y la recogida de firmas para instar a que el proceso se tramitara con mayor rapidez.

Los trabajadores que desempeñaban su labor en este establecimiento barajaron alternativas como la creación de una cooperativa entre los propios empleados como modo de reflotar el negocio, si bien "tras hacer números las cuentas no salen", según los mismos, que constataron que esta fórmula no podría prosperar "debido a la gran deuda existente con la Seguridad Social y al hecho de que el anterior empresario se llevó maquinaria que hay que reemplazar".

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