El Comité de Expertos para Asuntos Tributarios del Ayuntamiento de Málaga, integrado por profesionales en materia económica y tributaria pertenecientes al ámbito académico, los colegios profesionales y las asociaciones empresariales de la ciudad, ha elaborado un centenar de propuestas en materia de fiscalidad que se recogen en tres ponencias entregadas este miércoles al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y a la concejala de Economía y Hacienda, María del Mar Martín Rojo.

Las propuestas, que no tienen carácter ni preceptivo ni vinculante, serán estudiadas por el Consistorio y remitidas a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya que, más allá de la tributación local, recogen aspectos relevantes sobre financiación municipal en España.

De hecho, el Comité pretende que este informe pueda ayudar a configurar la fiscalidad municipal de los próximos años y servir para formular propuestas concretas de reforma ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprovechando el actual debate sobre la reforma de la Ley de las Haciendas Locales.

Gestión del ibi,

Ibae e ivtm

En concreto, aboga por una mayor autonomía de los ayuntamientos en relación con la gestión de los impuestos municipales más importantes (IBI, IAE e IVTM), de modo que se elimine "la excesiva dependencia que ahora existe de otras instituciones externas" y se fortalezcan los mecanismos de información y coordinación con la Dirección General del Catastro, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tráfico.

Relacionado con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se proponen reformas que aproximen la tasa a la capacidad de renta del contribuyente o ampliar las competencias municipales a la hora de establecer determinados elementos tributarios.

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), se aborda la necesidad de evitar la creación de territorios que puedan atraer flotas de automóviles y produzcan deslocalizaciones de éstas que afectan a la fiscalidad real de los municipios en el IVTM.

En este sentido, se plantea la posibilidad de que esta tributación pivote sobre la contaminación provocada por el vehículo a motor, en lugar de sobre la potencia fiscal del mismo; si bien es cierto que se ponen de relieve que serían necesarios ajustes para evitar que algunos colectivos resultasen afectados por la medida.

Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se propone que se aproxime el momento de pago al de inicio de la actividad, final de la obra o situaciones de tributación de obligados especiales.

PLUSVALÍA

También se plantean reformas en el Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) para que se resuelvan problemas tales como el establecimiento de una tributación diferenciada para las herencias cuando los beneficiarios conviven con el fallecido.

Los expertos también hablan de la importancia de contar con una contabilidad analítica de costes adecuada para poder no sólo establecer los costes efectivos de los servicios, sino también calcular adecuadamente el coste de los servicios y las actividades municipales; en especial, aquellos que deban ser financiados mediante tasas.

En este sentido recuerdan la conveniencia de aproximar el importe de las tasas al coste de los servicios públicos o de las actividades para no provocar déficit estructurales que deban financiarse mediante impuestos.

Al mismo tiempo advierten de que no debe abusarse de la situación monopolística para prestar servicios de alto coste cuya financiación asumen los consumidores finales o el total de la población a través de subvenciones municipales o de otras administraciones.

Las propuestas del comité también establecen que el perfeccionamiento de los programas de inspección o información ayudará a regularizar situaciones en las que, por ocultación o simplemente por desconocimiento, no se están abonando las correspondientes tasas por prestación de servicios, utilización privatiza o aprovechamiento especial.

Además, se propone revisar los beneficios fiscales que proceden de imposiciones legales para que se correspondan con las competencias que los ayuntamientos tienen asumidas en base al principio esencial de 'una competencia, una administración'.

Central de compensación de créditos municipales

Asimismo, recuerdan la necesidad de establecer las fórmulas adecuadas de compensación cuando estos beneficios se dirigen al fomento de competencias impropias —actividades sociales, culturales o fomento del empleo— en aplicación del principio constitucional de suficiencia financiera y a los preceptos legales vigentes sobre racionalización y sostenibilidad de los servicios públicos.

Otra de las medidas propuestas es la creación de una central de compensación de deudas y créditos municipal para agilizar y hacer más eficaces los procesos de pagos y cobros a proveedores y contribuyentes.

También se propone continuar avanzando en los formatos de pago de tributos y otros ingresos municipales, como es el caso del Flexipago puesto en marcha por el Ayuntamiento de Málaga, sobre el que, a su vez, se solicita un estudio sobre su impacto y su demanda.

Al mismo tiempo, se propone continuar avanzado en la simplificación de los procedimientos administrativos y la administración electrónica para evitar desplazamientos a los ciudadanos y facilitar la realización de trámites.

Se persigue, además, profundizar en la transparencia, para lo que también se considera clave mejorar la información sobre la fiscalidad municipal que reciben los contribuyentes —formatos open data— para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones formales, así como mejorar la comunicación con otras administraciones públicas en este mismo sentido.

Más allá de las propuestas sobre tributación local y financiación municipal en España, el Comité de Expertos plantea que la ciudad de Málaga lidere la creación de una unidad que se dedique al estudio de la fiscalidad local andaluza en la que se investigue y facilite información fiable de cifras comparativas entre municipios andaluces y también de las comparativas entre los municipios de mayor población o los capitales de provincia.

En este sentido, inciden en que la ciudad de Málaga tiene una fiscalidad por debajo de la media de las capitales españolas, y la más baja de entre los municipios de más de 40.000 habitantes en la provincia, tal y como se desprende de las comparativas estadísticas realizadas.

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