El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha asegurado este miércoles que la provincia de Málaga es en la que se está actuando "con más contundencia" en materia de exhumaciones.

"Estamos hablando de casi 3.000 cuerpos exhumados en el cementerio de San Rafael de la capital, 18 en Villanueva de Cauche, 151 en Teba y cuatro en Istán", ha detallado Naranjo.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida junto al delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; la alcaldesa de Almargen, María del Carmen Salguero, y la representante de la Oficina de la Vicepresidencia, Fátima Berlanga.

En cuanto a los trabajos en las localidades malagueñas de Álora, Cañete la Real y Almargen, que consisten en la indagación y localización de fosas, ha comentado que se van a invertir un total de 34.000 euros, que darán continuidad a las actuaciones ya realizadas.

Asimismo, ha explicado "el importante papel que va a tener la nueva Ley de Memoria Democrática como marco estructural y como dinamizadora del deber público con la Memoria" y, en concreto, con las exhumaciones.

"Se trata de un texto legal oportuno y necesario contra el olvido y el silencio que lejos de abrir heridas contribuirá a cerrarlas definitivamente, saldando una deuda con las víctimas de la dictadura y de la represión franquista", ha asegurado.

Para Naranjo, la Ley pretende normalizar las prácticas que tienen que ver con las respuestas a las víctimas, como ha ocurrido en Europa y donde todos los partidos han contribuido a la reparación de las víctimas, cuyos derechos "deben ser entendidos como derechos humanos fundamentales".

En este sentido, ha expresado, manteniendo el principio básico de separación de poderes "como no puede ser de otra manera", se solicitará al poder judicial —concretamente a los juzgados territoriales— que cuando aparezcan indicios de violencia en las víctimas de las fosas "intervengan e investiguen".

Naranjo ha agradecido a los movimientos memorialistas su trabajo "ejercido responsablemente" para seguir avanzando en la actuación pública de Memoria Democrática, "un compromiso del Gobierno andaluz con los derechos humanos, con los derechos de la víctimas a la justicia, la verdad y la reparación que contribuye a fortalecer los pilares de la democracia".