Izquierda Unida calcula que el proyecto de ley de responsabilidad medioambiental eximiría de tener garantía o seguro por daños medioambientales al 98% de las empresas que actualmente deben tenerlo por ley.

El senador de Izquierda Unida por Asturias, Jesús Iglesias, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para anunciar la solicitud de veto de su grupo tanto a esta iniciativa como a la del proyecto de ley de navegación marítima.

Según Iglesias, actualmente unas 320.000 empresas están obligadas a tener una garantía o seguro medioambiental por actividades económicas de riesgo. La nueva ley "desmontaría este sistema de garantías", de modo que solo 5.470 mantendrían ese requisito legal.

A su juicio, el ejecutivo central pretende "supeditar los costes medioambientales a los costes productivos".

En una línea similar ha anunciado la solicitud de veto de su grupo al proyecto de ley de navegación marítima. Entre las varias razones que ha comentado, sitúa la no creación de un cuerpo cualificado de personal para la gestión de la marina civil, la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores del sector o la regulación insuficiente de la seguridad marítima. En este caso, ha criticado el hecho de que la Administración ejerza como "mera observadora" en caso de accidente, pues "cuando un rescate no se produce o se produce tarde, las consecuencias las debe asumir la propia administración", señalando como ejemplo el caso del Prestige.

Ha lamentado también que "no se garantice la independencia del máximo responsable del barco", en referencia al capitán, supeditado a las órdenes del armador, y también que se permita la contratación de un 50% de la tripulación proveniente de los países ajenos a la Unión Europea, lo que provocaría la convivencia "de dos convenios laborales diferentes".

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