El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha propuesto este miércoles en la Comisión de Cultura, Bienestar Social y Participación, que el Ayuntamiento de Valladolid disponga los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la Red Centinela.

La coalición ha recordado que se trata de un protocolo de protección a las familias afectadas por la crisis, por el que se prevé la "detección y derivación por los profesionales del ámbito sanitario ante situaciones de desnutrición infantil derivadas de la situación de crisis económica". Es un "instrumento de interrelación de medidas" puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en el Decreto-Ley 2/2013.

Así, ha explicado que se prevé la "alerta y respuesta rápida" ante necesidades básicas de alimentación, "garantizando el acceso a una alimentación básica, suficiente y adecuada" a las necesidades de quien "presente carencias". Y se accede al servicio a través de los centros de acción social (CEAS) y el teléfono 012.

Sin embargo, a juicio de IU, "el problema sería doble" porque en primer lugar "se está funcionando de manera exasperadamente lenta", ya que a pesar de la situación de pobreza infantil denunciada por repetidas organizaciones como Cáritas y Unicef, meses después de la puesta en marcha de la Red Centinela, "aún se está analizando en centros educativos y sanitarios si existen problemas a los que se deba atender".

Excesiva burocracia

En opinión de IU, la situación de emergencia que viven miles de familias en Valladolid hace que los niños no puedan depender de un funcionamiento "tan desesperadamente burocrático".

En segundo lugar, la coalición ha censurado que la denominada Red Centinela no pasa en estos momentos de una loable declaración de intenciones en la que se pretenden detectar situaciones "protegibles".

Sin embargo, la formación considera que esta Red no cuenta con los recursos necesarios para afrontar estas situaciones. IU ha asegurado que "una vez más la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid crean una medida que está vacía de contenido al no contar con la dotación económica correspondiente, ni con el suficiente personal para afrontar una situación cuya magnitud se ha multiplicado en los últimos tres años".

Así, ha insistido en que la situación de la pobreza infantil ha de ser considerada como una "prioridad absoluta" por parte de las administraciones públicas. Por ello, ha vuelto a plantear la necesidad de poner en marcha medidas como la apertura de los comedores escolares en periodos vacacionales, el incremento de un 30 por ciento en el presupuesto de atenciones asistenciales o el refuerzo de los programas para prevenir conductas de riesgo en la salud física o sicológica de la infancia y la adolescencia.

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