El vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Alfonso Grau, y el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Manuel Aguilar han solicitado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, el archivo de su imputación en el marco de esta causa al defender que en el marco de las negociaciones para la celebración de los denominados Valencia Summit no incurrieron en delito alguno.

Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado ha dado traslado de sus escritos a las partes personadas a fin de que se pronuncien al respecto. Recientemente, también solicitó el sobreseimiento el exsecretario de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, al que se ha opuesto el sindicato Manos Limpias.

En el caso de Grau, quien fue imputado en el marco de este procedimiento judicial a petición de los concejales del PSPV en el Ayuntamiento valenciano, personados como acusación popular en el caso Nóos, el juez Castro alegaba cuando le citó que "existen indicios fundados de criminalidad" en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios por los que se acordó la celebración de los Summit, que costaron a las arcas públicas 3,6 millones de euros a pesar de que para ello únicamente se emplearon 910.600 euros.

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma incidía en que "existen indicios racionales de que en las diferentes contrataciones se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos".

Sin embargo, durante su declaración ante el juez, el pasado 31 de mayo, Grau aseguró que el precio de los eventos Valencia Summit vino dado desde Cacsa, previa determinación por parte del Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin.

Asimismo, el imputado insistió en el carácter privado de la FTVCB, que junto a Cacsa y Nóos firmó en 2004, 2005 y 2006 el convenio y sus dos posteriores addendas para la celebración de las tres ediciones del Summit, por lo que negó que desde el Consistorio valenciano hubiera podido producirse un desvío de fondos a la organización de los eventos.

Una afirmación que contrasta con las conclusiones arrojadas en sendos informes por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, en los que determinan que la FTVCV pertenece al sector público, integrada en concreto en el Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, está sometida a las normas de contratación pública.

Por su parte, Aguilar, que ostentó el cargo de director general de la Cacsa de Valencia entre 2003 y 2005, defendió ante el juez que no se realizó expediente administrativo para la organización del Valencia Summit debido a que Nóos tenía la exclusividad sobre el proyecto y no se podía por ello convocar concurso público. El exresponsable del organismo público se desvinculó además de las decisiones en torno al precio de la contratación, al aseverar que de este asunto se encargó la asesoría jurídica de la empresa.

Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos.

Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.