La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido en reforma la decisión del juez Eloy Velasco de inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, para que sea éste el que investigue las presuntas irregularidades cometidas en la Caja de Ahorros de Navarra (CAN), al considerar que las operaciones sospechosas de la caja tuvieron lugar no sólo en territorio foral sino también en el resto de España.

El juez de la Audiencia Nacional archivó el pasado día 12 las denuncias presentadas contra directivos del banco creado por la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol, Banca Cívica, por presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad y remitió al juzgado pamplonica las actuaciones referentes a Caja Navarra.

Las denuncias fueron presentadas por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la asociación Kontuz por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera. Respecto a Caja Navarra los querellantes señalaban varias operaciones que podrían haber supuesto "la presunta dilapidación de la solvencia de la caja".

El Ministerio Público no cuestiona el archivo provisional de la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa del banco fusionado pero defiende la competencia de la Audiencia Nacional respecto a la CAN y recuerda ahora que "los hechos con apariencia delictiva pudieron ocasionar la existencia de graves fraudes que afectan a los casi 1000 millones aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)" para la fusión.

La fiscal Dolores Delgado indica que se han constatado "operaciones realizadas fuera del territorio de Navarra tanto en la expansión de la red de oficinas como en inversiones inmobiliarias" y recuerda que existen numerosos precedentes de procedimientos relativos a cajas de ahorros que están siendo investigadas por los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Amalgama de delitos

La Fiscalía acusa a los antiguos gestores de la caja de "una amalgama de delitos societarios, unidos a la apropiación indebida y a la maquinación para alterar el precio de las cosas" y cita en concreto el posible falseamiento de la contabilidad de la caja de ahorros y la despatrimonialización de la entidad mediante inversiones a un precio irreal "a favor de determinadas personas que se lucraron con sus fondos".

También destaca que la caja llevó a cabo "compras de terrenos a precios muy superiores a los del mercado a empresarios que disfrutaban de préstamos" sin una valoración objetiva de los riesgos.

Dice, además, que los peritos que presentaron al juez Velasco un informe en el que descartaban la comisión de irregularidades no pudieron concluir su análisis "por la falta de remisión de información solicitada por la autoridad judicial".

El juez admitió su competencia para investigar a los antiguos gestores de Banca Cívica en marzo de 2013. La querella de UPyD hacía referencia a Caja Navarra a la que acusaba de haber incurrido en el cobro indebido de dietas, el falseamiento de la contabilidad, cuentas confeccionada 'ad hoc', minusvaloración de activos, despatrimonialización con inversiones favoreciendo a personas ligadas a las que deciden en la entidad bancaria y compras de terrenos a precios muy superiores a los de mercado.

Búsqueda de liquidez

Todo ello, según UPyD, habría determinado un grado tal de insolvencia que obligó a la caja a buscar liquidez externa por una triple vía: fusión con otras tres cajas bancarias, recabar ayudas públicas del FROB y concurrir al capital privado saliendo a Bolsa, "de modo y manera que lo último es antecedentes y consecuencia de lo primero", según apunta indiciariamente el juez.

Según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".