La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León ha señalado este lunes, tras conocer el informe del Consejo de Cuentas sobre la Cuenta General de 2011, que el documento pone en cuestión la totalidad de la ejecución presupuestaria del citado ejercicio en base a discrepancias sobre la contabilización del 0,037 por ciento del presupuesto.

En todo caso, en un comunicado recogido por Europa Press, fuentes de la Consejería consideran que el informe destaca que la Junta de Castilla y León "cumple con la legalidad", puesto que en términos generales la Cuenta de la Comunidad se presenta de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable su actividad económico-financiera.

En este sentido, la Junta subraya que toda la información sobre la que se pronuncia el Consejo ha sido aportada por la Intervención General de la Comunidad sin que la institución haya incorporado nada nuevo y que se incluyen circunstancias como que se pagaron 395 millones de euros de gasto sanitario que habían quedado pendientes de 2010 o

para atender obligaciones generadas en ejercicios anteriores de ineludible cumplimiento, que por tanto no supone una imputación indebida.

El Consejo opina, relata la Consejería, que la consolidación efectuada en la liquidación del Presupuesto "es parcial, al no haber eliminado todas las operaciones internas entre las distintas entidades que integran la Cuenta, por lo que no representa fielmente la ejecución y el resultado presupuestarios".

"Los datos que maneja la Intervención General desmienten esta afirmación", a juicio del comunicado, puesto que se han eliminado por consolidación 3.914,64 millones de euros de operaciones internas, lo que da como resultado un Presupuesto definitivo consolidado de 10.587,58 millones de euros. En ese montante, la Intervención sólo ha dejado sin suprimir por consolidación 390.281 euros, y porque considera que no debe hacerlo.

En definitiva, la Consejería entiende que el Consejo de Cuentas pone en cuestión la totalidad de la ejecución presupuestaria basándose en las discrepancias que mantiene con la Junta sobre la contabilización del 0,0037 por ciento del Presupuesto consolidado, cantidad que fundamentalmente se corresponde con convocatorias de subvenciones de consejerías en las que resultan como beneficiarios centros de organismos autónomos.

También guarda algunas discrepancias con el Consejo en relación con la información suministrada en la Memoria, que según la institución de control "sigue sin incluir las de todas las entidades que deberían estar integradas" y, como consecuencia de ello, impide que la Cuenta General refleje adecuadamente la realidad económica y financiera del sector público de la Comunidad.

Entes no integrados

La Intervención General de la Junta ha querido precisar que sólo faltan cinco entes, el Consorcio BUCLE (Bibliotecas Universitarias de Castilla y León), la Fundación Investigación Sanitaria en León, la Fundación Anclaje, la Sociedad de Gestión e Infraestructuras de la Universidad de Burgos y la Fundación Cei Studii Salamantinii.

Así, justifica que el consorcio no se incorpora porque en él participan exclusivamente las cuatro universidades públicas y carece de actividad y cuentas. La primera de las fundaciones citadas, porque para que se incluyan sus cuentas debería ser pública (mayoría pública de la dotación fundacional), y sin embargo la Universidad de León solo cuenta con un porcentaje del 44 por ciento. El motivo de que no figure la Fundación Anclaje es que no ha tenido actividad de carácter económico desde su creación el 18 de abril de 2011, y las dos restantes, dependientes de las universidades de Burgos y Salamanca, no presentaron sus cuentas antes de la formación de la Cuenta General.

En todo caso y según lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la falta de remisión de las cuentas correspondientes a alguna entidad del sector público, a juicio de la Consejería de Hacienda, "no constituye obstáculo para la formación de la Cuenta General de la Comunidad con las que sí se hayan recibido, como tampoco lo es que el preceptivo informe de auditoría de las cuentas anuales de alguna de ellas haya denegado la opinión o expresado salvedades".

Por otro lado, la Intervención General de la Comunidad considera que la formación de la cuenta general de las entidades del sector público se ha hecho utilizando principios compatibles con los del Estado, en contra de lo que creen que "sostiene sin argumentarlo" el Consejo de Cuentas.

En el comunicado han recordado que precisamente en 2011 la Junta puso en marcha un Plan de Racionalización del ya de por sí reducido sector público de la Comunidad, con objeto de disminuir su tamaño aún más. Fruto de esa estrategia han desaparecido las empresas públicas Provilsa, Sotur y ADE Financiación, y se encuentran en trámite de disolución Appacale y ADE Parques.

En el mismo informe, el Consejo censura el uso del criterio de devengo a la hora de contabilizar derechos de transferencias finalistas, en lugar de utilizar el de caja. La razón por la que la Junta opta por aplicar el criterio de devengo a los derechos vinculados a la financiación de proyectos de gasto, explican, es que "evita muchas distorsiones, puesto que permite desligar el momento en que se contraen los derechos de la mayor o menor diligencia que pueda tener el ente financiador en relación con el reconocimiento de la obligación a favor del financiado".

Este modo de actuar, puntualizan, "no sólo está avalado por el Plan General de Contabilidad, sino también por el Tribunal de Cuentas". Además, reiteran que "es preciso destacar que al igual que las del resto de comunidades autónomas, una vez liquidadas las cuentas de la Junta se someten a ajustes SEC, con lo que su fiabilidad está plenamente garantizada".

La deuda financia inversiones

El Consejo de Cuentas, continúa el comunicado, indica que la deuda formalizada en 2011 "no se ha destinado a financiar gastos de inversión", afirmación que, en opinión de la Consejería "no se corresponde con la realidad". De hecho, apuntan que el endeudamiento a largo plazo de ese año no fueron 1.156,3 millones de euros, sino 996,3.

La diferencia estriba, a juicio de la Junta, en que la institución ha olvidado descontar la deuda ligada a la refinanciación de vencimientos del ejercicio, que ascendió a 157 millones de euros. Tampoco ha restado 3 millones correspondientes a una operación de préstamo formalizada con el Ministerio de Educación.

Asimismo, el comunicado critica que el importe de gastos de inversión cuantificado por el Consejo de Cuentas (1.024,6 millones de euros) "no es el correcto para hacer una comparación homogénea, ya que ésa es la cifra de ejecución únicamente de la Administración General". A juicio de la Junta el importe a considerar asciende a 1.159,9 millones, el correspondiente a la ejecución de las inversiones reales y las transferencias de capital de los Presupuestos Generales de la Comunidad en términos consolidados.

Esto supone que los 996,3 millones de euros de deuda nueva formalizada en 2011 se destinaron en su integridad a sufragar gastos de inversión de los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.

Por último y en cuanto a la propuesta de ajustes que efectúa el Consejo, la Intervención General de la Comunidad recuerda que "en nada afectan al cálculo del déficit publico de la Comunidad, el cual es realizado por la Intervención General de la Administración del Estado, único ente autorizado legalmente para determinar el déficit de la Comunidad".