La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha adjudicado por un canon de adjudicación total de 4,8 millones de euros el suministro de combustible para la flota del ente, según la documentación oficial consultada por Europa Press.

En concreto, la Amaya, mediante un procedimiento abierto de tramitación ordinaria, y sobre un presupuesto base de licitación que contaba con un importe total de 9.716.300 euros, ha formalizado un contrato con Solred S.A., Cepsa y BP Oil España, por un coste íntegro de 4.858.150 euros.

Precisamente, sobre el uso de combustible en los vehículos de la flota de Medio Ambiente, el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha remitido una pregunta, con ruego de respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que insta a la Junta a informar sobre el objetivo "real" de restringir el dinero para carburante a agentes de medio ambiente.

En la cuestión, suscrita por el parlamentario popular Víctor González y consultada por Europa Press, el PP subraya cómo la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía ha criticado que en la provincia de Málaga se les ha dado instrucciones desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de repostar solo de 60 a 65 euros al mes de carburante por cada vehículo en uso.

Ante ello, González pregunta a la Junta por el fin real que persigue con medidas de este tipo de cara a prestar unos servicios públicos "con un mínimo de garantías".

Recientemente, la asociación, asimismo, ha elevado otro tipo de críticas por los recortes en medios y materiales al manifestar su "preocupación" por haber entrado en la temporada de riesgo alto de incendios forestales sin que estos trabajadores hayan recibido la reposición de las prendas caducadas o deterioradas de protección ante incendios, lo cual ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El presidente de la Aamaa, Antonio González, indicó entonces a Europa Press que el colectivo es consciente de las dificultades económicas por las que pasa la Junta de Andalucía, si bien "no es menos cierto que los recortes no deberían ir nunca del capítulo de prevención de riesgos laborales de los trabajadores, pues con la seguridad de los agentes de Medio Ambiente no debe jugarse".