El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comunicado al presidente del Parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia, que "no aprecia anomalía o irregularidad alguna" por parte de la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, en relación con la queja que elevó "en defensa de la inviolabilidad del Parlamento en el ejercicio de sus funciones" en relación con dos autos en los que pedía investigar el papel de la Cámara ante las irregularidades.

En un escrito fechado el pasado 10 de junio, difundido este lunes por el Parlamento andaluz y consultado por Europa Press, el CGPJ informa en primer lugar de que ha solicitado a Alaya "un informe sobre sus alegaciones y la remisión de una copia de las resoluciones que motivaron la iniciativa y las que estuvieron relacionadas con ellas" y traslada a continuación a Gracia que "no se aprecia anomalía o irregularidad imputable" a la magistrada y, en consecuencia, "no procede la adopción de medida alguna" por una cuestión que considera "estrictamente jurisdiccional" y que "no puede conllevar ninguna actuación de carácter disciplinario".

Según el órgano de gobierno de los jueces, del citado informe remitido por Alaya "se desprende que la finalidad de estas diligencias no es, en ningún caso, derivar responsabilidad al Parlamento andaluz, a su Comisión de Economía y Hacienda o a algunos de los parlamentarios en concreto que la integran", sino que únicamente "obedecen a la tesis sostenida" por alguna de las defensas para garantizar el "derecho a la tutela judicial efectiva sin mermar el derecho de defensa de los imputados".

El escrito del CGPJ responde a una queja presentada por el presidente del Parlamento andaluz a principios de abril por los dos autos emitidos el pasado mes de marzo por la juez del caso ERE, en los que pedía investigar el papel de la Cámara ante las irregularidades por la "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento".

La queja se refería en concreto a dos autos sucesivos dictados por Alaya el pasado mes de marzo en los que instaba a la Intervención General del Estado a indagar sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz —actual Comisión de Hacienda y Administración Pública— "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General". El primero, dictado el 3 de marzo, fue inmediatamente recurrido por la Fiscalía Anticorrucpión, ante lo que la magistrada dictó una nueva providencia el día 13 en la que "acotó el objeto de examen a dicha comisión" y no a la totalidad del Parlamento andaluz.