La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF) gestiona un total de 46 demandas en Canarias, mientras que en toda España espera recuperar en los próximos años más de 95 millones de euros en reclamaciones individuales de afectados por productos financieros tóxicos.

Según ha informado la asociación, la APDEF gestiona a día de 2.000 demandas individuales. Presente en 56 ciudades, ha recuperado hasta la fecha más de 13 millones de euros, y ha resuelto 316 casos con un 96% de éxito.

Actualmente, está preparando la presentación de 300 demandas en distintos partidos judiciales españoles por la venta de este tipo de productos por parte de Bankia.

En el primer semestre del año, la APDEF ha interpuesto demandas contra diversas entidades bancarias por preferentes, obligaciones subordinadas, 'cláusulas suelos' o acciones de Bankia de julio de 2011. Entre estas demandas destacan 750 contra Bankia; 500 contra Catalunya Caixa; 100 contra Banco CEIS; 300 por subordinadas de Fagor y Eroski y el resto contra otras entidades.

CATALUÑA, A

La cabeza de las reclamaciones

Por comunidades, Cataluña es la región que más reclamaciones suma, con 1.157, seguida de País Vasco, con 283. En Castilla y León, la APDEF gestiona un total de 164 demandas y en la Comunidad Valenciana, 92 demandas. Mientras, en Galicia se han presentado 80 demandas, en las Islas Canarias, 46; otras 42 en Andalucía y 38 en Baleares. Le siguen Navarra, en donde se han atendido a 28 personas; La Rioja con 11; Santander con 10.

El perfil de los afectados atendidos por la APDEF es muy diverso. "Son personas a los que su gestor bancario de confianza les colocó productos tóxicos y se sienten engañados porque recibieron una información insuficiente y bajo unas condiciones que no se correspondían con la realidad del producto", señala la asociación.

El presidente de la APDEF, Francesc García Rafanell, ha señalado que "la reclamación individual y personalizada es la vía más sólida para que el pequeño ahorrador pueda recuperar su dinero, ya que las grandes demandas, las colectivas, ralentizan los procesos y además corren el riesgo de que el juez no las vea claras y frene el proceso".