El TS inadmite el recurso del dueño de una finca de Mogro contra un deslinde de dominio público

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el propietario de una finca situada frente al paseo marítimo de y la playa de Mogro (Miengo) contra el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre que aprobó en 2009 el Ministerio de Medio Ambiente para la mayoría del tramo de costa del municipio.

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el propietario de una finca situada frente al paseo marítimo de y la playa de Mogro (Miengo) contra el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre que aprobó en 2009 el Ministerio de Medio Ambiente para la mayoría del tramo de costa del municipio.

El deslinde aprobado incluye parte de los terrenos de la finca dentro del dominio público, algo que, a juicio del recurrente, no tiene "justificación legal alguna".

El propietario de la parcela señaló que la parcela no se ubica en la ribera del mar, sino tierra adentro y considera que la real delimitación del dominio público marítimo "no es otra que el limite del paseo marítimo al que da de frente la parcela". "Ningún signo físico hay que denote que la parcela forma parte de la playa o del dominio marítimo terrestre", señala

Por ello, contra la orden ministerial que aprobaba este deslinde, el particular interpuso un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrtivo de la Audiencia Nacional, que lo desestimó en mayo de 2011.

Así, la Audiencia Nacional confirmó con esa sentencia la inclusión en el deslinde de los terrenos de la parcela por haber sido declarados bienes de dominio público en un deslinde anterior aprobado en 1985.

Tras esa resolución judicial, el particular presentó el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que con fecha 30 de mayo de 2014 ha sido inadmitido.

El Supremo no ha acogido ninguno de los motivos expuestos por el recurrente y le condena a costas, hasta un máximo de 3.000 peuros por el concepto de honorarios de representación y defensa de la Administración del Estado.

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