El Gobierno de La Rioja aprueba el proyecto de Ley de Administración Electrónica

El Gobierno riojano ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Administración Electrónica y Simplificación que, entre otras cuestiones, supone, en palabras de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Concepción Arruga, "una ventanilla abierta para cualquier ciudadano".
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El Gobierno riojano ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Administración Electrónica y Simplificación que, entre otras cuestiones, supone, en palabras de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Concepción Arruga, "una ventanilla abierta para cualquier ciudadano".

Arruga ha participado en la rueda de prensa con la que, cada viernes, el consejero de Presidencia, Emilio del Río, da cuenta de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno.

Entre estos encuentra el proyecto de Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa que introduce una serie de medidas "para regular el impulso y desarrollo de los servicios electrónicos en la relación de la Administración con los ciudadanos y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación (TICs) para simplificar trámites administrativos".

Arruga ha señalado que este texto se enmarca dentro de la Estrategia Digital para una Administración Electrónica y de un amplio abanico de medidas que el Ejecutivo regional está adoptando para promover una Administración más ágil, accesible y transparente.

El Ejecutivo regional sometió a consulta pública el borrador de la norma regional a través del canal Participa de la web del Gobierno www.larioja.org durante veinte días y, tras su aprobación en Consejo de Gobierno, el proyecto será remitido ahora al Parlamento para su tramitación.

La Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa contempla cuatro objetivos fundamentales: promover una Administración Pública ágil, eficaz y eficiente; mejorar la actuación de la Administración a través de medidas de simplificación de trámites y procedimientos; garantizar la coordinación administrativa y el uso de medios electrónicos que promuevan una Administración abierta, transparente y accesible.

La Ley consta de 34 artículos estructurados en tres títulos: Preliminar; Título I, dedicado a la administración electrónica, y Título II, relativo a la simplificación administrativa. A ello se añaden tres disposiciones adicionales, una derogatoria y nueve disposiciones finales que modifican leyes sectoriales. Y será de aplicación no solo a la Administración General y sus organismos públicos, sino también al resto de entes integrantes del sector público autonómico.

Impulso a la administración electrónica

De esta forma, el texto presta especial atención a potenciar y facilitar el uso de los servicios electrónicos que influyen en la relación de la Administración con los ciudadanos y a diseñar y desarrollar aplicaciones y procedimientos que faciliten el uso de los medios electrónicos con otras Administraciones Públicas para que exista interoperabilidad entre los distintos sistemas y favorezca la reutilización por otras administraciones y entidades.

Concepción Arruga ha puesto como ejemplo "la implantación del historial clínico y la receta electrónica en la sanidad; la factura electrónica en la relación con las empresas; la introducción de nuevos medios de gestión de tributos y pago telemático y, en materia de información al ciudadano el impulso del sitio web del Gobierno de La Rioja".

Así, la futura Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa busca mejorar la relación con el ciudadano y para ello empieza por reconocer su derecho a disponer de un espacio personalizado en la web del Gobierno desde donde puedan acceder a la documentación que obre en poder de la Administración, así como el estado de la tramitación de los procedimientos que esté gestionando electrónicamente no sólo con la Administración General, sino también con organismos públicos como SERIS y ADER.

Además, podrán recibir el documento acreditativo de la resolución del procedimiento y ser notificado de forma electrónica en vez de a través de los medios tradicionales, si así lo desea el ciudadano.

En el marco de esta Ley, y como novedad, se recoge la creación del Registro de representación electrónica de la Comunidad Autónoma de La Rioja que va a permitir que los procedimientos administrativos que se lleven a cabo de forma electrónica puedan ser realizados por terceras personas distintas del interesado.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja impulsará, bajo criterios de simplificación administrativa, la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos administrativos para responder a una Administración del siglo XXI que busca ser más sostenible y eficaz.

Para ello, la CAR, a través de la Escuela Riojana de Administración Pública, está incorporando cursos de formación con los que se pretende mejorar la capacitación de todos los empleados del sector público en el conocimiento de las herramientas y aplicaciones necesarias para la implantación de la Administración electrónica.

Simplificación administrativa

Por otro lado, el borrador de la Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa incorpora además una serie de directrices para reducir en la medida de lo posible los trámites y plazos de los procedimientos administrativos (autorizaciones, licencias, permisos, comunicaciones, declaraciones, notificaciones), consiguiendo así una Administración más eficiente y eficaz.

Para ello, y con carácter preliminar a toda actuación, introduce la obligatoriedad de llevar a cabo un análisis de reducción de cargas para que con carácter previo a la regulación de un procedimiento o proceso se determinen los trámites que pueden eliminarse o modificarse por resultar innecesarios o desproporcionados.

El texto contempla además la creación del Catálogo de Simplificación documental, que, como ha explicado la consejera, "consiste en un inventario público de documentos que ya no serán requeridos al ciudadano al estar en manos de la Administración. De esta forma, conseguimos ahorrar costes y tiempo tanto al ciudadano como a la propia Administración".

Asimismo, se establecen otras obligaciones de gran importancia, como la de revisar, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley, todos los procedimientos existentes al objeto de simplificar o eliminar cuantos trámites sean posibles; rediseñar los formularios de solicitud y de impresos de forma que se facilite y agilice su cumplimentación por los ciudadanos; se promoverá la sustitución de las autorizaciones administrativas por el uso de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, aprobando modelos tanto en papel como en soporte electrónico; se revisarán los plazos establecidos para la tramitación de los procedimientos, etcétera.

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