El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha adelantado este viernes que la Junta trabaja ya en la implantación de la Ley de Transparencia de Pública de Andalucía, en cuestiones como el portal de transparencia y ha adelantado que, en julio, "estaremos en disposición de presentar los borradores del Reglamento de Desarrollo de la Ley y de los Estatutos de la Agencia".

Jiménez Barrios ha destacado la "gran capacidad de impulso y transformación social y económica" que tiene la recién aprobada Ley de Transparencia durante su participación en el Grupo de Trabajo de e-Democracia de la Conferencia de las Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa (CALRE), en el que representantes de parlamentos regionales europeos han debatido sobre transparencia, participación ciudadana y nuevas tecnologías.

En su intervención, Jiménez Barrios ha señalado que la Ley de Transparencia forma parte de "una estrategia de Gobierno que persigue la cercanía con el ciudadano, pero también forma parte de nuestra estrategia de impulso económico y salida de la crisis". En este sentido, ha explicado que "la transparencia genera confianza y la confianza es el mejor caldo de cultivo para la inversión y el crecimiento económico".

Por este motivo, ha subrayado que "existe un claro efecto económico positivo cuando hay transparencia y confianza", por lo que "ser transparente forma parte también de nuestro modelo económico para salir de la crisis".

Por tanto, ha expresado su "satisfacción" por la aprobación por unanimidad de esta ley en el Parlamento, ya que, para el Gobierno andaluz, es la "más importante y la más trascendente esta legislatura", con unos efectos "que van más allá de la mera transparencia de la gestión pública".

En este sentido, ha hecho hincapié en la voluntad del gobierno andaluz y del Parlamento por "ponerse a la vanguardia" y presentar a los ciudadanos una norma cuyos planteamientos "suponen un cambio de cultura en las relaciones entre administración y sociedad".

Cambio cultural

Ha explicado que este cambio cultural afectará a la Administración, pero también al ciudadano porque le "anima a usar la palabra y le sitúa en una posición de mayor protagonismo y autoridad" y le convierte en "auditor de las políticas públicas, porque tendrá el derecho a recibir toda la información de todo aquello que se pague con dinero público".

Para el consejero, éste es uno de los factores que definen la "trascendencia política y social" de la norma, pero también ha citado otros, como la "obligatoriedad para las Administraciones Públicas de contestar en un plazo no superior a los 20 días, frente al mes que establece la ley nacional, así como un régimen sancionador, del que carece la norma estatal".

Del mismo modo, ha destacado que los efectos de este ley no están limitados al área de gobierno de la Junta de Andalucía, sino que también implica a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las universidades, al Consejo Consultivo, al Consejo Económico y Social, a los adjudicatarios de servicios públicos, a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y a todos aquellos beneficiarios de subvenciones. Y junto a estos, también ha citado al Parlamento, a la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, "en lo referido a su ámbito administrativo", ha matizado.

Otro precepto de la ley que ha destacado el consejero es la creación de un Consejo de Transparencia y Protección de Datos, "con el fin de velar por su cumplimiento, y que va a contar con un director o directora que será designado por este Parlamento, por mayoría absoluta, para garantizar su independencia, también a diferencia de la ley nacional, donde éste es nombrado por el Consejo de Ministros".

Asimismo, ha subrayado que la nueva ley obliga a seguir publicando las declaraciones de actividades, bienes e intereses de altos cargos "y ahora, también, sus retribuciones de carácter público, además de informar sobre las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo". Según ha apuntado, esta información sobre altos cargos "supone una ampliación a la prevista en la Ley de Transparencia estatal".

Andalucía lleva "un largo trecho recorrido" en esta senda

Ante los representantes de los parlamentos europeos, el consejero ha recordado que "Andalucía lleva recorrido un largo trecho en la senda de la transparencia", lo que ha permitido a la comunidad "avanzar en la última década a grandes pasos para situarnos al mismo nivel que los países y sociedades más avanzados de Europa".

Así, ha apuntado que, hace diez años, se firmaba en el Parlamento el pacto de medidas de impulso democrático que "recogía una larga lista de iniciativas de transparencia que hoy están siendo reclamadas en muchas otras instancias".

Del mismo modo, ha indicado que también se aprobó "una exigente ley de incompatibilidad de altos cargo, que incluye la obligación declarar sus bienes, actividades, intereses y retribuciones", al tiempo que ha reseñado que el Gobierno andaluz "publica las declaraciones de la renta de los miembros del Consejo de Gobierno y de sus cónyuges".

En el mismo sentido, ha valorado que se decidiese que la elección de todos los órganos de gobierno de la RTVA se hiciese por el Parlamento, "cosa que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma". Asimismo, ha destacado otras iniciativas como la creación del escaño 110, "para que la sociedad civil traiga y defienda sus propuestas en el Parlamento".

Del mismo modo, ha apuntado que se están "impulsando mecanismos de evaluación de políticas públicas" y que se han anticipado en su ejecución medidas que ahora se regulan en la Ley de Transparencia, "porque no teníamos razones para retrasar hasta la aprobación de esta ley cuestiones como la publicación de los órdenes del día del Consejo de Gobierno".

Jiménez Barrios ha señalado que la Ley de Transparencia "podría ser presentada como el colofón de una larga trayectoria de profundización en la calidad democrática y la transparencia", pero ha defendido que la Junta tiene el compromiso firme de seguir en la línea "y ya, durante la aprobación de la Ley, expresamos la decisión de regular el Buen Gobierno, en una ley propia, que abordará el Estatuto de altos cargos y que recoja las limitaciones en el ejercicio del poder".