El exalcalde de Partaloa (Almería) y actual concejal del PSOE, Federico Molina, se enfrenta en una vista oral señalada para este viernes a penas de nueve años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial por autorizar y favorecer presuntamente la construcción en 2006 de 13 viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable por parte de una mercantil cuyo administración también está encausado.

Molina, en el equipo de gobierno ya que en el municipio existe un pacto PP-PSOE por el se abrió expediente de expulsión por parte de la dirección regional de los socialistas andaluces, está acusado de seis delitos contra la ordenación del territorio del artículo 320.2 del Código Penal.

Dos de ellos son por omisión, ya que, a la vista de que informes jurídicos eran desfavorables, habría decidido resolver "mediante silencio administrativo" una de las dos licencias de segregación que solicitó la promotora Lakes Vega SL, así como la licencia de obras para seis de estas viviendas, según la Fiscalía.

El exregidor será enjuiciado en el Juzgado de lo Penal 3 de Almería junto al empresario Francisco Javier F.D.P.L., quien llegó a vender viviendas a ciudadanos extranjeros, en su mayoría ciudadanos de Bélgica, y el arquitecto técnico Emilio G.R., a quien el Ayuntamiento contrató para la emisión de informes técnicos "pese a que existía un convenio suscrito por esa corporación con la Diputación" para que "fueran emitidos por el Servicio de Cooperación Local".

El escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, indica que, en 2006, la mercantil Lakes Vega SL decidió promover la construcción de 13 viviendas unifamiliares en la parcela número 23 del polígono número "en suelo calificado como no urbanizable".

Pese a "saber que no podían ser concedidas al ser contrarias a la legislación", Francisco Javier F.D.P.L., como representante legal de esta mercantil, solicitó al Ayuntamiento de Partaloa "dos licencias de segregación y cuatro de obras", que le fueron concedidas por diferentes vías, e inició la construcción "contrariando la legislación ya que era conocedor de que las licencias eran nulas de pleno".

El Ministerio Público divide la actuación de Federico Molina en tres partes. Por un lado, le acusa de conceder el mismo día, el 1 de marzo de 2006, una licencia de segregación de cinco subparcelas de 516 y 650 metros cuadrados y dos licencias de obras para la construcción de sendas viviendas unifamiliares en dos de estas subparcelas.

Le acusa además de hacerlo sin que en el expediente administrativo "se hubiera emitido el preceptivo informe jurídico", por lo que "prescindió absolutamente del procedimiento establecido, con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no debían autorizarse" ninguna de estas licencias.

En los tres casos, según concreta el escrito, el acusado Emilio G.R. emitió informes técnicos favorables "considerando el suelo como urbano a pesar de saber que el suelo era no urbanizable y en uno de los casos de licencia de obras, lo habría realizado en "octubre de 2005, cuando aún no había sido autorizada la segregación de la subparcela".

En una segunda fase, en mayo y junio de 2006, el exregidor concedió licencia de obras para cinco viviendas en cinco subparcelas "tres de las cuales aún no habían sido segregadas" y otra licencia de segregación aunque, en este caso, "sí se emitió informe jurídico por el secretario del Ayuntamiento en el que se afirmaba que no queda acreditado suficientemente que el suelo reúna todas las condiciones de suelo urbano".

NUEVO '

Modus operandi'

Apuntaba el citado informe, según añade el fiscal, que la competencia para emitir informes técnicos y jurídicos correspondía al Servicio de Cooperación Local de Diputación "en virtud del convenio" y, finalmente, advertía de que el plazo para otorgar o denegar la licencia era de tres meses.

"El alcalde, que deseaba conceder la licencia de segregación solicitada para la misma parcela en la que antes la había concedido, pero ante el informe desfavorable, decidió voluntariamente no resolver dentro del plazo de los tres meses para así poder certificar su concesión por silencio administrativo como efectivamente hizo el 27 de octubre de 2006", reprocha el escrito que ahonda que Federico Molina "no inició voluntariamente, como era su obligación, ningún expediente de revisión de oficio".

El mismo 'modus operandi', y ante un nuevo informe jurídico "desfavorable", se habría utilizado por el exalcalde y por Emilio G.R. para conceder en julio de 2006 a Lakes Vega SL una licencia de obras para la construcción de otras seis viviendas unifamiliares en esta parcela.

La Fiscalía va a solicitar este viernes para el promotor 18 meses de cárcel por un presunto delito contra la ordenación del territorio y multa de 24 meses a razón de 50 euros al día, así como inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la construcción por dos años. Para el arquitecto, interesa siete años y seis meses de cárcel por cinco supuestos delitos contra la ordenación del territorio e inhabilitación especial por nueve años.

Interesa, asimismo, la demolición de las viviendas construidas, que fueron detectadas por la Policía Nacional el 29 de marzo de 2007 cuando aún ocho se encontraban en ejecución, y que Francisco Javier F.D.P.L. y la mercantil promotora asuman los costes, así como la indemnización a los adquirientes de las viviendas de la cuantía pagada y gastos ocasiones en la compra de sus respectivas viviendas.