El Gobierno luso anunció este jueves que vuelve a introducir un recorte de entre el 3,5 y el 10% en los salarios públicos superiores a 1.500 euros como medida para compensar uno de los ajustes anulados recientemente por el Constitucional.

Esta medida ya estuvo en vigor en Portugal durante los últimos tres años (2011, 2012 y 2013), pero había sido sustituida en 2014 con rebajas similares pero dirigidas a una base de funcionarios más amplia, todos aquellos con sueldos mensuales que sobrepasasen los 675 euros.

La decisión del Alto Tribunal de declarar ilegal este último ajuste, conocida a finales de mayo, llevó al Ejecutivo conservador liderado por Pedro Passos Coelho a recuperar un recorte que originalmente fue introducido por el anterior Gobierno, de signo socialista.

En la práctica, esta medida provoca que los trabajadores públicos que ganen entre 675 y 1.500 euros dejen de sufrir recortes, mientras que quienes superen esta cifra seguirán sufriendo una rebaja igualmente.

En declaraciones a los periodistas, la ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, informó de la aprobación en Consejo de Ministros de este nuevo ajuste y recordó que pese a que Portugal ya no se encuentra bajo el auxilio financiero de la UE y el Fondo Monetario Internacional, tiene todavía compromisos por cumplir que le obligan a respetar la disciplina presupuestaria.

Según sus datos, la rebaja será del 3,5% para los salarios mensuales entre 1.500 y 2.000 euros, de entre el 3,5 % y el 10% para aquellos funcionarios que ganen entre 2.000 y 4.165 euros, y del 10% para los sueldos superiores a esta cifra.

El Constitucional ya se pronunció en años anteriores sobre estos ajustes y los consideró "dentro de los límites del sacrificio", por lo que el Ejecutivo confía en que reciban su visto bueno.

Albuquerque, que no cuantificó el impacto de esta medida en las cuentas públicas, precisó que estos recortes este jueves aprobados serán retirados progresivamente en los próximos años hasta desaparecer por completo en 2019.

El Gobierno luso avanza así en la adopción de medidas alternativas para compensar el impacto del veto del Alto Tribunal, el sexto desde que comenzó la legislatura y que podía ascender hasta 1.300 millones de euros.

El fallo de los jueces es la primera adversidad a la que se enfrenta Portugal después de salir oficialmente de su rescate, el pasado 17 de mayo.