La diputada nacional del Partido Popular, Ascensión Carreño, ha defendido que "se debe continuar ampliando el sistema de gestión de la seguridad vial, mejorándose permanentemente y adaptándose a los nuevos avances técnicos y de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, con objeto de orientar la actividad hacia una mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos disponibles".

En su intervención en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en apoyo a una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al desarrollo de auditorías de seguridad vial en la Red de Carreteras del Estado, Carreño ha explicado que las auditorías de seguridad es "uno de los procedimientos que sirven como análisis estratégico comparativo de la repercusión de una nueva carretera, o de la modificación sustancial de una carretera ya existente sobre la seguridad de la red de carreteras".

En este sentido, ha explicado que dichas auditorías "tienen como objetivo identificar las deficiencias y omisiones de la actuación que puedan comprometer la seguridad de la circulación y poder adoptar las medidas viables y potencialmente eficientes que las eliminen o palien sus posibles consecuencias".

Según ha explicado, "una auditoría de seguridad vial consiste en la comprobación independiente, pormenorizada, sistemática y técnica de la seguridad del diseño de una actuación aplicada a las diferentes fases, que van desde el anteproyecto a la explotación en su fase inicial, por parte de auditores".

Así, ha indicado que "para su realización se debe contar con expertos independientes con la competencia y requisitos establecidos". "Los profesionales que realizan este trabajo deben tener la capacidad, competencia y formación necesaria que permita realizar las supervisiones de manera eficaz", subrayó.

Regulación de las auditorías

Carreño ha explicado que las auditorías están reguladas por la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo, por el Consejo, por Real Decreto y por orden ministerial y circular. En este sentido, ha señalado que estas disposiciones regulan "no sólo en qué consisten y cuándo deben aplicarse, sino que también establecen las pautas que deben seguirse para llevarlas a cabo".

"La intención del Partido Popular es que el Gobierno continúe llevando a cabo auditorías de las actuaciones que las requieran siguiendo las directrices establecidas en tales disposiciones", añadió.

Respecto a todas las actuaciones de creación de infraestructura o modificaciones sustanciales de las ya existentes que formen parte de la Red Transeuropea, la diputada popular señaló que "la intención sería ir implantándolas progresivamente a la totalidad de la red cuando las posibilidades presupuestarias lo vayan permitiendo".

"El objetivo principal es comprobar la seguridad de las características de diseño de proyectos de infraestructuras viarias, aplicadas a las diferentes fases, desde el anteproyecto a la explotación", ha matizado.

Carreño ha recordado que "existe el mandato legal de comprobar, de una forma técnica e independiente, la seguridad de todas las redes de carreteras, tanto estatales como de titularidad autonómica, de tal forma que se dé cumplida cuenta de la normativa europea".

En este sentido, concluyó que "las administraciones tienen que disponer los mecanismos adecuados para participar en la gestión de la seguridad vial de las carreteras, a través de auditorías de seguridad durante la fase de diseño y mediante inspecciones periódicas".

Por último, destacó que la iniciativa del GPP ha logrado un amplio consenso al lograr el apoyo de todos los grupos parlamentarios.