El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha reclamado este jueves al Ministerio de Justicia que destine a financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita el dinero que está recaudando por las tasas judiciales y que durante el año pasado alcanzó en Andalucía un volumen de 33 millones de euros.

De Llera ha planteado este petición al Gobierno estatal en su intervención en el Parlamento andaluz, donde ha criticado que este dinero no vaya destinado a beneficiar a la ciudadanía andaluza a través de este servicio fundamental para la defensa de sus derechos ni tampoco vaya dirigido a sostener la financiación del mismo que soportan actualmente las comunidades autónomas.

El titular de Justicia e Interior ha asegurado que hasta la fecha Andalucía no ha recibido ni un solo euro ni repuesta alguna por parte del Ministerio a la petición unánime de todas las comunidades autónomas de destinar la recaudación de las tasas al sostenimiento de la justicia gratuita, comí así fue planteado en la última conferencia sectorial de Justicia.

El consejero ha mostrado también su preocupación con respecto al proyecto de Ley de Justicia Gratuita que, a su juicio, va a tener consecuencias negativas para la ciudadanía "al recortar este servicio y perjudicar claramente a muchas personas sin recursos".

En su opinión, "con esta ley y con la imposición de las tasas hay una clara intención disuasoria y culpabilizadora de los ciudadanos diciendo que hay un abuso en el ejercicio de sus derechos como si la gente recurriera por gusto y no por la defensa de sus derechos ante la Justicia".

El consejero ha señalado además que la ley ampliará la cobertura de la justicia gratuita a nuevos grupos, lo que supone un aumento de los recursos financieros para su atención que el Ministerio de Justicia no está aportando a las comunidades autónomas como competentes en sufragar dicho gasto. De Llera ha advertido de la "asfixia económica" a la que esta ley va a someter a las autonomías, como así alerta un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial, y ha recordado al mismo tiempo que "la justicia gratuita es un mandato constitucional y por tanto debe contar con una financiación adecuada y asegurada".

El responsable andaluz de Justicia e Interior ha puesto de relieve también que desde Andalucía seguiremos luchando por garantizar el derecho de la ciudadanía a la justicia gratuita y trabajaremos por remover cualquier obstáculo de naturaleza económica que pudiera impedir el ejercicio de este derecho fundamental.

Por último, ha destacado que el servicio de asistencia jurídica gratuita es una de las políticas sociales "prioritarias" del Gobierno andaluz, ya que garantiza la representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales y hace realidad el principio de igualdad ante la Justicia y el derecho a un proceso justo.

La justicia gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.