Los abogados del turno de oficio del conocido como 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero de casi 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), pasarán a cobrar un mínimo de 3.500 euros —frente a los 700 euros que obtenían por representar a los acusados durante todo el procedimiento— al llegar a un acuerdo con la Conselleria de Justicia por el que se firmará un convenio especial para este asunto.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Mariano Durán, tras presidir una Comisión Técnica en la que, entre otros asuntos, se ha abordado la solicitud del Colegio de crear un convenio 'ad hoc' para el 'caso Emarsa', en el que hay un total de 14 abogados del turno.

Tal y como establece la normativa, estos letrados del turno de oficio cobran una retribución de poco más de 700 euros —siempre que Justicia le reconozca que se trata de un supuesto excepcional— por tramitar todo el asunto. En caso contrario, su remuneración no ascendería a más de 500 euros.

Sin embargo, ante la complejidad del caso, en cuanto al número de imputados y resoluciones diarias, desde el Icav se planteó la posibilidad de crear un convenio especial con la Conselleria para incrementar la retribución, tal y como ya había sucedido en otros casos como el Prestige, por el que se llegó a un acuerdo con el gobierno autonómico gallego por el que los letrados del turno recibieron hasta 18.000 euros por asistencia —15.000 euros de su Conselleria y 3.000 euros del Colegio de Abogados—. También se creó un convenio especial para el asunto del 11-M.

En un primer momento la Conselleria rechazó la petición, pero en la Comisión Técnica de este jueves se ha vuelto a poner este asunto sobre la mesa y se ha llegado a un acuerdo por el que se elaborará un convenio especial que contemple una retribución mínima de 3.500 euros para estos abogados.

"Hemos llegado a este acuerdo —ha indicado Castellano— en base a la baremación que se ha hecho en distintas comunidades autónomas que tienen competencia en materia de Justicia, y también por parte del Ministerio". Ahora se tiene que acabar de perfilar el convenio, y se fijará la cantidad definitiva cuando se terminen de estudiar los módulos y la baremación.

El decano del Icav ha mostrado su satisfacción por este convenio, aunque ha mostrado su deseo de que finalmente los letrados puedan llegar a cobrar algo más de los 3.500 euros que aportará exclusivamente la Conselleria de Justicia.

Los abogados aplicarán esta cantidad "en lo que consideren más conveniente, en medios informáticos, transporte, ayudas... No es la mejor solución, pero es mejor que la situación que tenemos", ha apostillado Durán. El decano ha indicado que con este convenio, y con los compromisos con el turno de oficio y el expediente electrónico, el conseller "ha cumplido" y se ha mostrado convencido de que "lo seguirá haciendo".

Pagos turno

Por otro lado, el conseller ha anunciado que en los próximos días se abonará el 50 por ciento de lo adeudado por el cuarto trimestre de 2013 del turno de oficio —que asciende a unos cinco millones de euros—, y en los primeros días de julio el otro 50 por ciento. Así mismo, se ha iniciado la tramitación para poder pagar el primer trimestre de este año: "lo comentaré con Hacienda —ha dicho Castellano— para ver el plazo de pago, que será lo antes posible".

Así mismo, y en relación con el turno de oficio, Castellano ha avanzado que estudiarán de cara a 2015 la posibilidad de revisar algunos de los baremos de cobro establecidos en la Orden de 2012, en base al ahorro derivado de la aplicación del expediente electrónico y a algún repunte presupuestario.

Por último, el conseller ha indicado que se ha acordado con el Icav la puesta en marcha de un expediente electrónico para la gestión del turno de oficio, lo que redundará en un ahorro económico y en dar celeridad y eficiencia a la propia gestión. "El Colegio —ha agregado— tiene ya un programa respecto de la gestión, se hará una cesión a la Dirección general de Nuevas Tecnologías, que iremos implantando en todos los colegios de abogados".