El presidente de Unicaja, Braulio Medel, se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que le imputó en un auto dictado el pasado mes de mayo que ha sido recurrido por la defensa del encausado al entender que no ha cometido delito alguno y no existe "ilicitud alguna" en su actuación derivada de su participación en varias sesiones del Consejo Rector de IFA/IDEA, la agencia pagadora de las ayudas investigadas.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que el presidente de Unicaja se ha acogido a su derecho a no declarar porque la propia Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la suspensión de esta y otras declaraciones alegando que la Guardia Civil no ha hecho entrega de su informe sobre la agencia IDEA y que no se ha resuelto su recurso para que el caso sea dividido en piezas y se eleve al Tribunal Supremo dada la presencia de aforados.

Asimismo, y después de acogerse a su derecho a no declarar, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni el Ministerio Público ni la Junta de Andalucía han solicitado medida alguna para el imputado, mientras que la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpias ha pedido que se le imponga una fianza de responsabilidad civil y el PP lo ha dejado a criterio de la juez.

En este sentido, el abogado del sindicato Manos Limpias no ha cuantificado la fianza civil que se debe imponer a Braulio Medel, aunque considera que el presidente de Unicaja, con su asistencia a las sesiones del Consejo Rector de IFA/IDEA, "ha participado, de manera directa o indirecta, en la malversación de 117 millones de euros".

Según las fuentes consultadas, el abogado de Medel ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla para solicitar la revocación del auto de imputación, pues considera que "no hay un solo delito ni ilicitud alguna en su actuación", señalando que su cliente únicamente asistió a dos sesiones del Consejo Rector de IDEA en representación de Caja de Ronda donde se aprobaron actos administrativos "que estaban aprobados por la Ley de Presupuestos que aprueba el Parlamento".

"ninguna función ejecutiva ni de gestión"

Las mismas fuentes han indicado que, en su recurso, la defensa de Medel sostiene que "no existe ninguna conducta que sea reprochable en lo más mínimo" y pone de manifiesto que Braulio Medel formaba parte del Consejo Rector de forma representativa, y en nombre de Caja de Ronda, por lo que "no tenía ninguna función ejecutiva ni de gestión", tratándose además de un cargo no remunerado.

El presidente de Unicaja "era absolutamente ajeno al tema", han señalado las fuentes consultadas, quienes han cuestionado la fianza civil solicitada por la acusación ejercida por Manos Limpias ya que dicha petición "se encuentra carente de legitimidad", pues una acusación popular no puede solicitar dicho tipo de medida y, con ello, "únicamente busca un titular" en los medios de comunicación.

En el auto de imputación, y en lo referente a Braulio Medel, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda entre 1986 y 1991, la juez señala que, de las 32 sesiones del Consejo Rector de IDEA analizadas, "sólo asistió a tres a lo largo de siete años", en las cuales "se le informaría de cinco convenios suscritos por la Dirección General de Trabajo —dos sesiones— y votaría a favor de la autorización de dos convenios".

Asimismo, "se ausentaría en 29 ocasiones, de las cuales en 27 sesiones delegó su representación en el presidente, votando por consiguiente a favor de la firma de 39 convenios", por lo que "llama poderosamente la atención que se le mantuviera en el cargo durante tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".

Otros cinco imputados se niegan a declarar

Ante la juez Mercedes Alaya también han comparecido este jueves Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía; Isabel de Haro, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Pilar Rodríguez, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y Ángel Garijo, exsecretario general de Innovación, quienes se han acogido igualmente a su derecho a no declarar y para quienes la Fiscalía no ha solicitado medida cautelar alguna.

También ha comparecido ante la magistrada Manuel Robles, representante de la empresa Antonio Barbadillo S.A., quien se ha negado a declarar y para quien el Ministerio Público sí ha solicitado una fianza de responsabilidad civil, en concreto de unos cuatro millones de euros.

La juez también citó inicialmente para este jueves a Rafael Herrera, que fue secretario general de Empleo entre 2003 y 2004, aunque finalmente decidió suspender la declaración después de que su esposa presentara un escrito en el que alega que el imputado padece una afasia progresiva no fluente provocada por una enfermedad en el área del lenguaje, a consecuencia de la cual "sufre gran dificultad para seguir una conversación y para expresarse, lo que le provoca fenómenos de ansiedad reactivos a dichos trastornos del habla con origen orgánico".

Por todo ello, dice la esposa del imputado, éste está siendo tratado en la Unidad de Salud Mental del centro comarcal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), tras lo que la juez decidió suspender la declaración y ordenó que un médico forense emita un informe sobre "las capacidades físicas y cognitivas" del exalto cargo para declarar en calidad de imputado.