La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha garantizado que el sindicato "colaborará" con la Justicia tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que al anterior responsable del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, sea citado a declarar como imputado por la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares, aunque ha matizado que sólo la instructora es la competente para decidir sobre esta citación.

Castilla, que ha encabezado junto al secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, una concentración en la Alhambra para denunciar la precariedad laboral, se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre la petición de la Fiscalía a Alaya para que cite a declarar como imputados a varios altos y exaltos cargos de la Junta y a dirigentes de CCOO y UGT en relación a la ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional del tabaco Altadis para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores en el marco del expediente de regulación de empleo ejecutado en 2005.

La secretaria general de UGT-A ha señalado que este presunto hecho delictivo se habría producido en 2004, cuando Fernández Sevilla era secretario general de la antigua Federación de Trabajadores Agrarios y que la Fiscalía ha realizado su petición antes de que el asunto prescriba en diciembre de 2014.

Asimismo, ha matizado que será la juez instructora la que deba determinar si llama a declarar a Fernández Sevilla y si lo hace en calidad de testigo o imputado, pues es la competente para ello. En este sentido, ha subrayado que la citación también se dirige hacia "representantes de la empresa, de la administración y de CCOO".

Castilla ha mostrado su deseo que "todo se aclare cuanto antes" y de que el proceso de instrucción de los ERE finalice "lo antes posible", garantizado que el sindicato colaborará con la Justicia "como siempre ha hecho" pues es el "primer interesado en que esto se resuelva".