El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado en su reunión celebrada en Toledo el informe sobre el impacto en la normativa sanitaria de la nueva ley del aborto elaborada por el Ministerio de Justicia con el rechazo de las comunidades de Canarias, Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha manifestado en una rueda de prensa posterior que ha existido entre los asistentes "un debate denso" sobre este asunto, pero que en todo caso lo que había que certificar en la reunión es el impacto de la medida en el Sistema Nacional de Salud", ya que las cuestiones políticas "se han de debatir en el Congreso y el Senado".

"No hemos debatido el fondo de la cuestión, solo lo que afecta a este Consejo, estudiando las modificaciones legales y considerando que son adecuadas", ha señalado Ana Mato, asegurando que en su opinión el anteproyecto "mejora y consolida el marco legal" que regula asuntos como la objeción de conciencia, la garantía de prestación de servicios y la mejora de atención a la paciente.

Tal y como ha explicado, este informe que se ha debatido es de carácter técnico jurídico "en el que simplemente lo que se hace es recoger los cambios que se presentan en el anteproyecto de ley en relación al Sistema de Salud".

Según ha asegurado, el anteproyecto cuenta con mejoras como que "recoge la inclusión de la prestación de la interrupción del embarazo en la cartera común de servicios y además más información sobre métodos anticonceptivos".

Ana Mato ha dicho que, "respetando lo que piense cada uno", en la reunión celebrada en Toledo "no se trataba de debatir políticamente la interrupción del embarazo, sino cómo afecta al sistema sanitario", algo que sí es competencia del Consejo Interterritorial. "Hay que dejar de lado lo que pensamos y simplemente estar vigilantes en lo que afecta al Sistema Nacional de Salud", ha indicado la ministra.

En el mismo sentido se ha pronunciado el consejero de Sanidad castellano-manchego y anfitrión de la cita, José Ignacio Echániz, que ha manifestado que este informe se debatía en la reunión de este miércoles "porque el Ministerio de Justicia ha pedido informes a muchos órganos consultivos", por lo que del CISNS "han salido conclusiones sobre el impacto de la norma, y no posicionamientos políticos, que ya se harán cuando corresponda".

Motivos del rechazo

Por su parte, en declaraciones a los medios, el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco, ha explicado que estas cinco comunidades autónomas han pedido la retirada del punto del orden del día, algo que finalmente no se ha producido, y cinco minutos antes de empezarse a debatir esta cuestión, se les ha entregado "un documento en el que se señala qué aspectos del proyecto de ley afectan a la legislación sanitaria".

El informe sobre el impacto en la normativa sanitaria de la nueva ley del aborto, según el consejero asturiano, consta de cuatro puntos: objeción de conciencia, ley de cohesión del sistema de salud, otra vinculada a las profesiones y carteras de servicios.

Canarias, Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía han asegurado en la reunión, según el consejero, que era "imposible" analizar el documento con tanta premura y que "lo más razonable" era que ese texto se les hubiera remitido con antelación para poder analizarlo y pronunciarse al respecto.

"Es una ley que nos parece que funcionaba adecuadamente y que no había problemas de aplicación", ha declarado el consejero, quien considera que la nueva ley "afecta directamente al derecho de la mujer a decidir y produce efectos negativos desde el punto de vista sanitario porque las mujeres tendrán que acudir a la vía clandestina en el caso de no estar en ninguno de los supuesto".