La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que cite a declarar como imputadas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a 13 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en relación con las ayudas de 35,8 millones de euros otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa A Novo Comlink.

En un escrito elevado al Juzgado de Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la magistrada que también cite como imputados a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, los exdirectores generales de IFA-IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, la exasesora de Empleo María José Rofa y el exdiputado del PSOE en el Parlamento andaluz Ramón Díaz, todos ellos, al igual que Antonio Fernández, ya imputados en las actuaciones.

Asimismo, el Ministerio Fiscal pide a la instructora que, por estas ayudas, impute a un abogado y también a varios directivos de A Novo Comlink, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, como son su presidente, Gilbert Weill; su director, José F. Pardo; el consejero delegado, Carlos Castiñeiras, y el beneficiario de la póliza David Jiménez.

La Fiscalía, que también reclama a la juez dar traslado de las actuaciones a A Novo Comlink España y a su empresa matriz A Novo Francia como responsables civiles subsidiarios, argumenta su petición "en tanto no sea resuelta de manera definitiva por la Audiencia Provincial" su solicitud de formación de piezas separadas, "muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas".

En este sentido, recuerda los datos recogidos en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas y asevera que es "consciente" de que "a la fecha no consta la confección e incorporación a las actuaciones de gran parte de los informes" de la Dirección General de Seguros y de la Guardia Civil sobre los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L.

Así, y "con la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias", la Fiscalía considera que "existen elementos suficientes" para que "se proceda ya a formular imputación contra personas que de forma indiciaria hayan participado en los hechos delictivos objeto de investigación"; para que se adopten medidas cautelares de naturaleza real "que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita", y para ordenar la práctica de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los mismos.

En su escrito, el Ministerio Público relata que la empresa A Novo entró en causa de disolución en 2005, "estando abocada a la insolvencia a muy corto plazo", por lo que "llevó a cabo una reestructuración de plantilla, primero mediante un ERE y después mediante un ERTE", pues el primero de ellos "no fue aprobado" por la Inspección de Trabajo "al estimar que no quedaban acreditadas suficientemente las causas objetivas económicas u organizativas, dado que la empresa venía recurriendo con asiduidad a la contratación de personal a través de empresas de trabajo temporal".

Ayuda de 35,8

Millones de euros

Finalmente, y con fechas 12 de agosto de 2005, 22 de marzo de 2007 y 3 de junio de 2008, se resolvieron los ERTE, por los que se aprobó la suspensión de la relación laboral de un total de 224 trabajadores de la empresa, dice la Fiscalía, que hace mención a un convenio de colaboración firmado el 28 de julio de 2005 por la Dirección General de Trabajo e IDEA por el que se encomienda a ésta la gestión del otorgamiento de una ayuda excepcional a A Novo por importe de 3,8 millones para la financiación del plan social pactado entre empresa y trabajadores, traslado de fábrica y liquidación de proveedores".

Según sostiene la Fiscalía, en relación a este acuerdo "consta el conocimiento del mismo" por parte de los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández, y de Innovación, Francisco Vallejo.

El Ministerio Público indica que, hasta el año 2010, los pagos realizados por IDEA ascienden a 35,2 millones, a los que habría que añadir la cantidad de 495.251,69 euros mediante los denominados 'pagos cruzados' ordenados por Guerrero.

En el escrito, Anticorrupción recuerda que, en el informe pericial realizado por la Intervención General del Estado, se señalaba que esta ayuda "pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores", por lo que la Junta "se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa".

A ello se suma que "no consta en el expediente examinado la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o parte, a las obligaciones asumidas por la Junta".

El informe pericial

Asevera que, según el informe pericial, en la concesión de esta subvención "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", pues "no consta la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno de la Junta para conceder subvenciones por importe superior a 3.005.060,52 euros".

Asimismo, "no se ha acreditado el carácter excepcional de la ayuda concedida" por Empleo, pero es que además "estas subvenciones no podrían tener carácter excepcional, dado que han sido concedidas por la Junta ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años".

Por último, la Fiscalía recuerda que "no existe constancia en el expediente de que por parte de Empleo se haya realizado un seguimiento de las ayudas concedidas", mientras que tampoco "existe en todo el expediente ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones", siendo la documentación existente "incompleta, fragmentaria" y "sin orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".