Una ley extremeña obligará a publicar el calendario de los exámenes de las oposiciones un mes después de su convocatoria

La futura Ley de la Función Pública de Extremadura prevé la publicación de un calendario con las fechas de las pruebas de las oposiciones en un plazo máximo de un mes tras la convocatoria de las mismas, y asimismo se establecerá el sorteo como método de selección de los tribunales.
Pedro Tomás Nevado-Batalla, consejero de Administración Pública de Extremadura
Pedro Tomás Nevado-Batalla, consejero de Administración Pública de Extremadura
EUROPA PRESS
Pedro Tomás Nevado-Batalla, consejero de Administración Pública de Extremadura

La futura Ley de la Función Pública de Extremadura prevé la publicación de un calendario con las fechas de las pruebas de las oposiciones en un plazo máximo de un mes tras la convocatoria de las mismas, y asimismo se establecerá el sorteo como método de selección de los tribunales.

El borrador del anteproyecto de la Ley, que sustituirá a la actual norma que data de 1990, ha sido presentado este miércoles a los representantes de los trabajadores de la administración autonómica, de los ayuntamientos de la comunidad, así como a los cuatro grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico, en un "primer contacto" con una norma que sea "de todos" y que "perdure en el tiempo".

Según ha destacado el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, momentos antes de la presentación, el objetivo del Gobierno extremeño es abrir un plazo de información pública y de negociación, con el fin de que la norma sea aprobada, antes de que finalice la presente legislatura en 2015, con el máximo consenso posible.

Al respecto, Nevado-Batalla espera que esta norma concite el consenso que "en su día hubo en la Ley de Educación de Extremadura, puesto que "no tiene que ser la ley de ningún partido, de ningún gobierno, sino que tiene que ser la ley de los empleados públicos".

Por otro lado, preguntado acerca de si la nueva Ley contemplará medidas como la prohibición de convocatoria de oposiciones por parte de gobierno en funciones, el consejero ha señalado que esas cuestiones estarán reguladas por la futura Ley de Transición, anunciada por el presidente José Antonio Monago, y que "en breve" será también presentada, según ha avanzado Nevado Batalla.

Más garantías

Entre las principales novedades de la Ley de Función Pública, el mandatario extremeño ha resaltado que "se incardina dentro de los principios del buen gobierno", y que contempla "muchas garantías" para los empleados públicos y para quienes aspiran a serlo.

Sobre el calendario de las pruebas de las convocatorias de oposiciones, Nevado-Batalla ha subrayado que se trata de una medida que "dará mucha tranquilidad a todos los aspirantes". De esta forma, se contempla que al mes de publicarse la Ley de Presupuestos de la Comunidad "o de la administración que corresponda", se establece un calendario "obligatorio para el desarrollo de las pruebas que deberá finalizar en octubre".

Otras medidas destacadas por el consejero pasan por otorgar "más agilidad" a la negociación sindical, así como la integración en la misma de la carrera profesional.

Asimismo, el borrador recoge la posibilidad de establecer pruebas y temarios básicos en los procesos selectivos de las distintas administraciones públicas extremeñas par facilitar la movilidad interadministrativa.

NOVEDADES

En cuanto a los órganos de selección, además de establecer el sorteo como fórmula de designación de sus componentes, también incorpora la determinación reglamentaria de cuerpo o especialidades en los que al menos un miembro deba pertenecer a una administración distinta de la convocante.

Las personas con discapacidad también ven regulado su acceso a la función pública, de tal forma que se reserva en las ofertas de empleo público un cupo no inferior al 10 por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad; así como la reserva del 2 por ciento de la plazas ofertadas para ser cubierta por personas con discapacidad intelectual.

Por otra parte, el borrador recoge la modificación de los plazos de la excedencia voluntaria por interés particular. Así, el tiempo de prestación de servicios ser rebaja a dos años y la permanencia en la situación administrativa a un año (actualmente son 5 y dos años, respectivamente).

Objetivos de la ley

Por tanto, los objetivos que pretende cumplir la nueva ley son tres. Por un lado, un diseño general orientado a la consecución de una "buena administración", según recoge la documentación facilitada a los sectores implicados en la negociación.

En segundo lugar, se marca como reto lograr una "ley de consenso y ampliamente negociada", y lograr un "gran impacto social de la ley en una sociedad como la extremeña en la que la importancia del empleo público es capital.

Con todo, los empleados públicos y los opositores "van a estar más motivados" con esta Ley, ha destacado Nevado-Batalla, gracias a que incorpora "un marco jurídico más idóneo", y asimismo ha remarcado que ello "redundará en una mejor prestación de los servicios".

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