El consejero de Presidencia de Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha defendido este martes en el III Foro de las Autonomías, que se celebra en el Senado, los proyectos de ley de Buen Gobierno y de Transparencia, que en su opinión, contribuirán a mejorar la calidad democrática de la Administración autonómica.

El consejero y portavoz del Gobierno asturiano ha intervenido a primera hora de la tarde en una mesa redonda, moderada por el catedrático de Derecho Constitucional José Antonio Montilla, junto al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, la consejera de Administraciones Públicas de las Islas Baleares, Nuria Riera Martos, y el profesor de Ciencia Política, César Colino.

En una nota de prensa remitida con posterioridad a su participación en el Foro, el consejero ha destacado ambas iniciativas. A su juicio, las leyes de transparencia y buen gobierno suponen un hito en el desarrollo legislativo de nuestra comunidad autónoma y aspiran a propiciar un mayor clima de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

El proyecto de Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos delimita las obligaciones inherentes al buen gobierno, las medidas correctoras en caso de incumplimiento y los límites adecuados para evitar conflictos de intereses. Es fruto de la voluntad expresa del Consejo de Gobierno y de los altos cargos de la Administración de establecer un compromiso con la ciudadanía sobre las normas de conducta que deben regir el desempeño de sus funciones. Además de definir lo que se considera alto cargo, el texto incluye un catálogo de infracciones que amplía las que recoge la norma estatal. El anteproyecto autonómico incorpora también infracciones y sanciones en materia del régimen de incompatibilidades.

Por su parte, el proyecto de Ley de Transparencia se fue elaborando de forma simultánea a la ley nacional (ley 19/2013, de 9 de diciembre), que en su mayor parte constituye normativa básica. Al igual que el proyecto de Ley de Buen Gobierno, también estuvo abierto a la participación ciudadana en la página web Asturias participa y, posteriormente, a un período de información pública. Una vez que se reciba el dictamen del Consejo Consultivo, el proyecto será remitido a la Junta General del Principado.

Con respecto a esta última normativa, el consejero de Presidencia ha recordado hoy que el Ejecutivo asturiano no se ha limitado a aplicar la legislación estatal. Y es que la normativa autonómica incluye dos títulos específicos (sobre evaluación de las políticas públicas y participación ciudadana) e incorpora dos novedades importantes: el Consejo de Gobierno aprobará en cada legislatura un plan estratégico de transparencia, que incluirá todas las medidas dirigidas a promover y desarrollar la transparencia administrativa en Asturias, y creará un distintivo para reconocer a aquellas entidades e instituciones que destaquen por la aplicación de políticas de transparencia.