El inspector de Policía Pablo Antonio Martínez, padre de Triana M. y marido de Montserrat G., las dos supuestas autoras de la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha vuelto a prestar declaración a requerimiento de la jueza instructora.

Tras la imputación de su mujer y su hija en el crimen de Carrasco, Martínez pidió el traslado a Gijón después de ejercer durante los últimos diez años como comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Astorga (León), según fuentes del caso.

La juez que instruye las diligencias mantiene el secreto de sumario, lo que ha provocado las protestas del abogado de la tercera imputada en esta causa, la policía local de León Raquel G., que este lunes cumplió 42 años en la cárcel de Mansilla de Las Mulas, donde permanece ingresada.

El letrado que asiste a la policía local, Fermín Guerrero, ha explicado este martes en declaraciones a los periodistas que está a la espera de que la jueza decida sobre la solicitud de libertad provisional presentada la pasada semana.

Igualmente, ha advertido de que la prolongación del secreto de sumario a su juicio coloca a su patrocinada en una situación de indefensión ya que su representante legal no puede estar presente en los interrogatorios y no tiene acceso a la información y documentación relacionada con la instrucción.

Gerrero sostiene que no existen pruebas ni supuestos legales de suficiente calado para que su patrocinada continúe en prisión.

El abogado ha insistido este martes en que la policía local está "muy tranquila e íntegra" y cuenta con el apoyo de su familia y muchos de sus compañeros.

Además, ha subrayado que las pruebas testificales que se están desarrollando únicamente ante la presencia del juez y el fiscal se tendrán que repetir si así lo solicitan las defensas de las tres detenidas.

La agente de la Policía Local continúa desde el 16 de mayo en el modulo de ingresos de la prisión de Villahierro y, según han informado a fuentes penitenciarias, podrían ser trasladada a la prisión de Ávila, con módulos especiales para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque no de forma inmediata.

La instrucción judicial se centra en tratar de determinar el grado de implicación en la muerte de Isabel Carrasco de Raquel Gago, a la que jueza envió a prisión tras una declaración plagada de "incongruencias", según fuentes del caso.

Además, Gago, que mantenía una estrecha amistad con Montserrat T., recibió una llamada de ésta poco después del crimen y seguidamente se encontraron en la calle, según la agente de forma casual.

La presidenta de la Diputación de León y del PP provincial murió tras recibir varios disparos el pasado 12 de mayo, en torno a las 17.15 horas, cuando caminaba por una pasarela sobre el río Bernesga, cerca de su casa.

Poco después fueron detenidas María Montserrat G., de 59 años, y su hija, de 35, gracias a la colaboración determinante de un policía jubilado que contempló la agresión y siguió a las sospechosas.

Los investigadores manejan la venganza personal como principal móvil de este crimen, ya que madre e hija acusaban a Carrasco de haber despedido a la segunda de la Diputación en 2011.

La madre se confesó autora de los disparos, lo que corroboraron los resultados de la prueba de la parafina. A las tres detenidas y encarcelas por este crimen la jueza instructora les imputa la supuesta autoría de delitos de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas.