El interventor en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el tesorero que emitieron informes en agosto de 2011 a petición del gobierno local entrante del PP sobre el estado de la cuenta restringida a la que iban destinados los fondos ingresados por el Ejecutivo con cargo al Plan E para acometer los más de 40 proyectos autorizados, han declarado que desconocían las consecuencias "penales" que supondría la utilización de este dinero para "otros fines" como el pago de la nómina.

En la segunda vista del juicio por el denominado 'caso desvío de fondos' que acoge el Juzgado de lo Penal número 3 en Jerez de contra la exalcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez —acusada de un presunto delito de prevaricación y otro contra la Hacienda Pública por el supuesto desvío de 8,6 millones de euros del Plan E—, el interventor municipal desde 2005 hasta 2013 ha confirmado que en dichos informes detallaron que el "saldo sin reponer" en ese momento era de 6,2 millones en cuanto a la batería de proyectos sufragados, y 2,4 de las obras para la Ciudad del Flamenco.

A preguntas del fiscal, ha descartado que él tuviera que "autorizar" verbalmente a la entonces alcaldesa para la utilización de dichos fondos para otros fines distintos, tras precisar que "no tiene que autorizar, sino informar de la norma", y ha asegurado que Sánchez le llegó a trasladar verbalmente que "tenía intención de reponer" el dinero que se retiraba de esa cuenta diferenciada "puntualmente" para el pago de nóminas o a las concesionarias.

Tras insistir en que como interventor municipal, y por tanto funcionario, "no puede oponerse a la decisión de un cargo público, sino informar de la norma" como asegura que se hizo en cuanto a que el Real Decreto que regulaba el Plan E obligaba a destinar los ingresos recibidos a los fines para los que fueron concedidos, ha negado que en sus informes realizara advertencias de índole penal.

En este sentido, ha reiterado que en dichos documentos que suscribía cuando se retiraba un montante de la cuenta restringida para su posterior reposición "se advertía de la consecuencia de la norma", si bien por el ámbito de conocimiento administrativo que exige su profesión "no sabía cómo se contravenía una norma penal".

El interventor municipal también ha admitido que "no había previstos mecanismos" para informar a la Administración central del uso de estos fondos para otros fines a menos que se justificara una vez terminada la obra a la que iban destinados, señalando también que "no sabían" cómo se hacía el control de la cuenta restringida.

Por su parte, el tesorero del Ayuntamiento desde 2003 hasta la actualidad ha coincidido con el interventor en que "había voluntad" por parte de la exalcaldesa socialista de "reponer los pagos", aunque ha admitido que debido a la "crítica" situación financiera del Ayuntamiento "se tardaba en reponer" en la práctica.

Este funcionario también ha recalcado que las advertencias que realizó a la alcaldesa sobre el uso de los fondos eran "de índole administrativo", tras insistir en que "no somos conocedores del Derecho Penal".

No obstante, a diferencia de las manifestaciones de Sánchez durante el juicio asegurando que había ingresos "previsibles y no inventados" para ir reponiendo las cantidades retiradas, tanto el interventor como el tesorero han coincidido en que el Ayuntamiento de Jerez estaba "al límite del colapso", sin posibilidad de obtener créditos de las entidades financieras y anticipos de la Diputación de Cádiz, que en ese momento gestionaba la recaudación municipal de tributos.

No se informó al ministerio de otros usos

En la vista también ha declarado la entonces secretaria técnica de Urbanismo y coordinadora de la unidad administrativa de gestión de los fondos del Plan E, que se ocupaba de la tramitación telemática de toda la documentación de las obras contratadas, quien ha negado que en algún momento informara al Ministerio de que los fondos se estaban utilizando para otros fines distintos a los previstos.

Asimismo, ha explicado que la totalidad de las obras, exceptuando el Museo de Lola Flores que no se hizo, se "licitaron" y "adjudicaron". Ha detallado que los "problemas" empezaron en agosto de 2011, cuando dejaron de pagarse certificaciones de obras y "no había fondos" en la cuenta restringida para hacer frente a estos pagos.

En ese momento, según ha precisado al fiscal, "de los 15 millones que habíamos cobrado, se habían pagado nueve más otros cuatro de los proyectos de interés social". Además, ha asegurado que, exceptuando el caso de "cinco obras problemáticas", el resto de los más de 40 proyectos "están pagados y justificados".

Tras la declaración esta jornada de más de una decena de testigos, el juicio quedará este miércoles visto para sentencia con la declaración de los últimos testigos y la exposición de los informes finales de las distintas partes.