La exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) ha señalado que pagar las nóminas de 3.000 trabajadores del ayuntamiento y sus concesionarias fue la "causa de fuerza mayor" que le llevó a desviar fondos del Plan E destinados a obras para pagar gastos corrientes del consistorio.

Pilar Sánchez se ha sentado en el banquillo de los acusados para responder de un delito de fraude de subvenciones por el que el fiscal Anticorrupción le pide tres años de prisión y multa de 8,6 millones de euros, la cantidad de fondos desviados.

En su declaración ante el tribunal, en la primera sesión del juicio que se celebra en el juzgado penal número 3 de Jerez de la Frontera, Sánchez ha asegurado que advirtió a la directora general del Ministerio de que iba a destinar una parte de los fondos al pago de nóminas, pero que tenía preparada la reposición del dinero.

Ha asegurado que la decisión de desviar esos fondos era adoptada por un "comité de crisis" que se había creado en el ayuntamiento ante la mala situación económica del municipio.

"No me levanté un día y dije, voy a coger los fondos del Plan E para pagar nóminas. Había un comité de crisis, formado por el interventor, tesoreros y miembros del Gobierno para buscar una solución al problema de liquidez que tenía el ayuntamiento", ha dicho.

Ha insistido en que no hubo "improvisación" porque "había un plan de reposición" y, de hecho, ha explicado que las obras se estaban pagando y cuando dejó el ayuntamiento, tras las elecciones de mayo de 2011, estaban "al 75% de ejecución".

"Si hubiera seguido gobernando se hubieran repuesto estas cantidades, porque había ingresos previstos, no inventados", ha asegurado mientras, a preguntas de su abogado, ha insistido en los actos de presión que recibía de los trabajadores municipales por un retraso "de días" en el cobro de sus nóminas.

Sánchez ha asegurado que los "escraches tan famosos" se "inventaron" con ella como alcaldesa de Jerez, cuando por ejemplo, según ha recordado, miembros del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) "se vestían de romanos" y la seguían "por toda la ciudad".

Pagar las nóminas a 3.000 familias, las de los trabajadores municipales y las de servicios de concesionarias como la ayuda a la dependencia o limpieza de colegios, era una causa de fuerza mayor" y su "obligación" como alcaldesa, ha dicho.

En la primera sesión del juicio también ha declarado como testigo su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo, cuyo equipo presentó la denuncia en julio de 2011 por el que se inició este proceso.

García-Pelayo ha explicado que un mes después de llegar al cargo se recibió en el consistorio un escrito del Gobierno en el que se requería que justificara "con fotografías" la ejecución de las obras para las que habían ingresado fondos del Plan E en una cuenta restringida "intocable", pues el dinero sólo podía ser utilizado para los fines para los que habían sido concedidos.

Al recibir ese escrito "saltó la alarma" y fue entonces cuando se revisó la situación de ejecución de obras y se comprobó el desvío.

La alcaldesa popular ha explicado que decidió denunciar estos hechos, que afectaban a 8 de las 37 obras previstas en el Plan E, porque "no quería asumir las responsabilidades" por la irregularidad y ha asegurado que no encontró ningún plan para hacer frente a los pagos porque las cuentas municipales estaban en "colapso".

Este juicio, que continuará, es el segundo al que Pilar Sánchez se ha enfrentado en lo que va de año.

El pasado febrero fue absuelta del denominado caso de los asesores, promovido a instancias del también exalcalde andalucista Pedro Pacheco, que la acusó de contratar a militantes socialistas.

Pilar Sánchez tendrá que enfrentarse a un tercer juicio por el denominado caso PTA, en el que el fiscal pide para ella siete años de prisión y 16 de inhabilitación por cuatro delitos relacionados con la concesión de una ayuda a una empresa para que comprara suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial.