El Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ha denunciado ante la Fiscalía de Huelva a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH), Manuela de Paz; al director de la Autoridad Portuaria onubense, Pedro García, y a la que fue delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia, Carmen Lloret Miserache, por la supuesta comisión de siete delitos, entre ellos prevaricación o malversación de fondos públicos.

Según ha informado el sindicato CCOO en una nota, han interpuesto la denuncia por la presunta comisión de un delito ambiental del artículo 325 y otro del 329 del Código Penal (CP); un delito de prevaricación del art. 404 del CP; un delito de falsedad del art. 390.1.4º del CP; un delito contra la integridad moral del art. 173.1 párrafo 2º del CP; un delito contra los trabajadores del art. 173 del CP; un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones del art. 308 del Código Penal.

Según recoge la denuncia presentada, la presidenta de la Autoridad Portuaria "supuestamente ha cometido delito de prevaricación ya que, en su condición de autoridad-funcionaria pública, ha dictado a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria de fecha 17 de julio de 2013 según la cual se adjudicó a Sandetel los trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la APH con un presupuesto de inversión de 1,1 millones de euros".

Y todo aún cuando "el Ministerio de Fomento (organismo competente en Puertos del Estado) a través de informe jurídico de Puertos del Estado, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación", prosiguen.

Mas allá, según continúan desde el sindicato, "la presidenta se ha saltado a sabiendas las instrucciones de la Ley 30/2007 del 30 de octubre, de contratos del sector público y la orden ministerial del Ministerio de Fomento 4003/2008 de 22 de julio al no haber presentado informe justificativo de la necesidad; ni mesa de contratación; ni licitadores; ni pliegos; ni procedimientos de adjudicación, etc, todo ello con el supuesto objetivo de entregarle a Sandetel todo el negocio informático".

Por otro lado, el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado igualmente "la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000".

En este caso, consideran que "se estarían cometiendo delitos medioambientales recogidos en el Código Penal", así como "un delito de fraude de subvenciones en tanto que la presidencia de la APH obtuvo una subvención a través de los fondos Feder comunitarios de más de 120.000 euros supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos".

Estiman que "no sólo ocultó las evaluaciones de la Red Natura 2000 y de Impacto Ambiental sino que, para cubrir formalmente la exigencia del Estudio de Impacto Ambiental supuestamente incluyó fraudulentamente en el expediente dos escritos antiguos del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 19 de diciembre de 2007 y del 8 de enero de 2009, emitidos respecto a la primera fase de ampliación Sur del mismo muelle, pero que carecían de validez con respecto a la segunda fase, y todo ello, supuestamente porque se le cumplía el plazo para cobrar los fondos Feder de esta segunda fase (Programa 2008-2013)".

Igualmente, la denuncia presentada ante la Fiscalía recoge la supuesta comisión, por parte de la Autoridad Portuaria, de un delito de malversación de fondos públicos por "haber introducido pagos a los Abogados del Estado por la asistencia a los Consejos de Administración y el Asesoramiento Jurídico de los mismos durante el ejercicio 2012 la suma total aproximada de 12.000 euros, sin que haya facturas ni otro documento que lo justifique".

Además de estos supuestos delitos, desde CCOO ya se ha denunciado públicamente "la práctica de despidos improcedentes en la Autoridad Portuaria, que van mucho más allá de la aplicación de la Reforma Laboral y que han supuesto un coste para el erario público de 700.000 euros, y que con posterioridad a estos y después de descabezar los servicios públicos que prestaba la Autoridad Portuaria de Huelva, se procedía a la privatización de los servicios, sin llevar a cabo los procedimientos de negociación establecidos al efecto en el Convenio Colectivo vigente".

Asimismo, han denunciado una actividad supuestamente delictiva, respecto a la contratación de personal sin concurrencia ni publicidad. La APH ha contratado "con carácter indefinido" a dos trabajadoras como personal excluido de convenio, y con las categorías de Jefe de Departamento y de Jefe de Unidad.

Han indicado que estas contrataciones se hacen con carácter de fijo cuando está fijado en las continuas leyes presupuestarias anuales, desde hace tres años, "la imposibilidad de contratar con carácter fijo en organismo público alguno, y sin que procedan tampoco de otros entes o Administraciones dependientes del Ministerio de Fomento".

"A esta entidad denunciante no le consta la concurrencia de procedimiento público, publicado ni selectivo alguno, como tampoco la documentación de dichos contratos, pese haberse exigido formalmente con arreglo a lo dispuesto por la normativa laboral", han recordado.

Finalmente, desde el Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, al margen de las responsabilidades penales que se tendrán que dirimir los jueces, se exigen "responsabilidades políticas ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía".

A juicio del sindicato, "sería deseable que hubiera coherencia entre las políticas que defienden los que tienen la responsabilidad del nombramiento y las que después desarrollan aquellos gestores que han sido nombrados y en consecuencia se depuren responsabilidades políticas derivadas de esa falta de lealtad y de coherencia".

Respuesta del puerto

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Manuela de Paz, ha expresado su sorpresa por esta denuncia, así como ha indicado que "no entiende" los motivos y lo que pretende CCOO con la misma, la cual es "una mezcla" de diversos temas, y por tanto, ha expresado su desacuerdo con estos argumentos.

Asimismo, ha manifestado que por el momento no tienen conocimiento de esta denuncia, de manera que no querido abundar más en el tema hasta conocer en profundidad el contenido de la misma.