El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha embargado una motocicleta, un turismo y una vivienda unifamiliar en Camas (Sevilla) al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros que le impuso la magistrada.

Por medio de un decreto notificado este viernes a las partes, consultado por Europa Press, la secretaria judicial embarga al imputado una motocicleta marca Vespa S 125, un turismo Volkswagen Passat, una vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización 'El Ceguiñuelo' de Camas, y las retribuciones, rentas o pensiones que en concepto de prestaciones contributivas perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Asimismo, decreta el embargo telemático de los saldos bancarios que el imputado ostente en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

Se da la circunstancia de que este embargo se produce sólo unos días después de que el Tribunal Supremo haya absuelto a Rivas de un delito de cohecho en relación a la 'mordida' de 450.000 euros solicitada a unos empresarios de La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de Mercasevilla, hechos por los que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a 21 meses de inhabilitación y multa de 600.000 euros.

Absuelto de cohecho porque la condena se basaba en "conjeturas"

El Supremo, que sí ratificó la condena impuesta a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, absolvió a Rivas porque considera que la condena del TSJA, que ratificó el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, se basó en "conjeturas" y vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

Rivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de 5.579.696 euros, fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010 y la juez le imputa que, como autoridad laboral competente, "autorizaría un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales" de la Dirección General de Trabajo "con total ausencia de procedimiento", lo cual sería conocido por el imputado "pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial".

"Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas así como en la inclusión de ciertos 'intrusos'", dice la juez, que a continuación analiza el papel de Rivas en relación con los ERE de Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.

"absoluta ausencia de procedimiento"

En relación al expediente de Calderinox, Alaya asevera que "resultan evidencias claras de la participación, o al menos el conocimiento, por parte del imputado en toda la tramitación del expediente relativo a los extrabajadores", mientras que "igualmente se deduce su interés en la tramitación de dicho expediente, pues a través del mismo se cubrirían los compromisos que asumió como presidente del Consejo Rector del Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves (Sevilla)".

En cuanto al expediente de Aglomerados Morell, dice que la documentación analizada "arroja indicios del conocimiento y participación activa del imputado, junto con otros" como el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas "en todo lo relativo a los pagos que se realizaron a esta empresa con absoluta ausencia de procedimiento, todo ello para cubrir los supuestos compromisos asumidos por su parte con la familia Morell".

Sobre Intersur, la juez asegura que "la activa intervención e influencia de Rivas quedaría acreditada, no solamente por la vinculación personal y familiar con algunos de los 'intrusos', sino por el conocimiento por éste de la financiación de la póliza para los trabajadores", mientras que en relación al expediente de Surcolor Alaya también destaca "la vinculación personal" del exdelegado de Empleo con algunos de los 'intrusos'.