El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha señalado que el reciente dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo de la administración central, ratifica la idea de que la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local constituye una plena "injerencia" en la esfera de las administraciones locales.

Todo se encuadra en la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias, toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de la citada ley ante el Tribunal Constitucional.

NOVEDADES

Hace pocos días, el Constitucional admitía a trámite los nueve recursos presentados contra este ley por tres parlamentos (Extremadura, Cataluña y Navarra), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición, entre ellos el PSOE. Posteriormente, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la nueva regulación censurando aspectos como que las juntas locales de gobierno puedan aprobar planes de ajuste sin el respaldo del pleno corporativo.

A tal efecto, el presidente de la Diputación de Sevilla ha celebrado este viernes que el Consejo de Estado, en su dictamen previo a la valoración del Tribunal Constitucional, "haya considerado como injerencias en la autonomía municipal varios artículos" de la citada ley. "Si los acontecimientos siguen esta misma línea, todo quedará en una mala pesadilla para los ayuntamientos", ha asegurado el presidente.

Más concretamente, para el regidor provincial, "las líneas que el Consejo de Estado deja entrever en sus argumentaciones confluyen con las tesis que venimos sosteniendo en clave municipalista desde que el gobierno de Rajoy comenzara a arremeter contra los ayuntamientos". Según el presidente provincial, "los postulados del dictamen del Consejo resaltan cómo en numerosas ocasiones la ley ataca el principio de autonomía municipal recogido en la Constitución".

En ese sentido, Villalobos se ha congratulado de que "el pasado miércoles fuese el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el que reconociera que tendrán que revisar la reforma local para adecuarla a lo que apunta el Consejo de Estado".

Las juntas de gobierno

Concretamente, el mandatario provincial ha puesto el acento en el apartado donde el Consejo de Estado se refiere al articulado de la LRSAL que hace descansar en la junta de gobierno municipal la aprobación de planes económico-financieros en detrimento del plenario. Al respecto, el dictamen considera que el "órgano de representación política de los municipios es el pleno formado por el alcalde y los concejales elegidos democráticamente" y que la junta de gobierno sólo tiene carácter ejecutivo, con un alcalde y concejales nombrados libremente por él, que no responden a la representatividad del plenario.

También ha destacado Villalobos del dictamen, que no tiene carácter vinculante, algo en lo que "he mostrado mis reticencias desde el principio, porque ya dije que la diputación no tiene que ser tutor ni centinela ni policía de nadie", en clara referencia al articulado de la LRSAL que establece la obligatoriedad de la prestación por parte de la diputaciones de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En esa misma línea, el dictamen del Consejo de Estado aborda el polémico coste efectivo de los servicios, sobre el que deja también las sospechas de poder estar lesionando la autonomía municipal. "Ojalá que este asunto termine siendo retirado definitivamente por el TC para evitar el escarnio público de determinados ayuntamientos porque, aun necesitando más eficiencia en la prestación de servicios, no se merecen ser señalados por ello", ha puntualizado el presidente de la Diputación.

"Además, todo el municipalismo viene demostrando buena voluntad y lealtad a la hora de hacer las cosas y mejorar su gestión, tal y como lo demuestran los 4.000 millones de superávit que en 2013 han registrado las administraciones locales", ha apostillado Villalobos.

En definitiva, según el regidor provincial, "al PP le están desmontando poco a poco su reforma local por inconstitucional, como lo demuestra el hecho de que han sido 2.400 municipios los que han planteado conflicto en defensa de la autonomía municipal, en representación de 17 millones de ciudadanos".