El portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, ha rechazado tajantemente la acusación de falta de claridad y de transparencia que argumenta el portavoz del Partido Popular de la Diputación, Eloy Carmona, para exigir al Gobierno Provincial que revoque el replanteamiento de los 132 proyectos propuestos por ayuntamientos para ser financiados con los 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012.

Hay que recordar que, según el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, estos proyectos, que son los que reflejan "las prioridades y voluntades" de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, no pueden ser financiados a cargo del superávit al no ajustarse a la definición de iniciativa 'financieramente sostenible' que marca el Ministerio de Hacienda, como defiende el Gobierno provincial socialista, extremo este último que no convence al PP.

Manolo Domínguez asegura, de cualquier modo, que "lo que el presidente de la Diputación ha intentado, por encima de todo, ha sido poner en carga estos 39,3 millones del superávit de 2012 para financiar aquellos proyectos que constituyen las prioridades marcadas por los alcaldes de la provincia y que Villalobos se ha encontrado con el hándicap de que sea el Ministerio el que esté reconduciendo a qué partidas hay que destinar este dinero, frente a la voluntad y autonomía de los ayuntamientos sevillanos".

"Esto es así —explica Domínguez— hasta el punto de que la intención del presidente era satisfacer las demandas expresadas por la mayoría de alcaldes sevillanos, de que estas inversiones fueran destinadas a fomentar empleo, dadas las repercusiones de la crisis en sus municipios. Sin embargo, esto no ha sido posible por una Ley de Reforma Local que maniata esa autonomía y tuerce las voluntades de los alcaldes, a los que obliga a realizar las inversiones que el Ministerio considera 'financieramente sostenibles".

Con respecto a la presunta falta de transparencia en los criterios del presidente, Domínguez asegura que "no es Villalobos quien marca dichos criterios, sino que son los expertos, en este caso el secretario general y el interventor, quiénes informan sobre los márgenes de actuación del Equipo de Gobierno, en función de las especificaciones al respecto de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y las indicaciones posteriores procedentes del Ministerio de Hacienda". Un informe al que, según Domínguez, "todos los grupos políticos con representación provincial van a tener acceso por el cauce reglamentario: las comisiones informativas".

"Lo único cierto de esta Ley - continúa Domínguez - es su interés por conculcar la autonomía local y la voluntad de los alcaldes y alcaldesas. Pero, en todo lo demás, deja tantos resquicios, que es posible que otras instituciones estén realizando interpretaciones en otra línea. La Diputación de Sevilla se está ateniendo a las respuestas que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las consultas que le hemos realizado. Si el Ministerio ha contestado en otro sentido a otras instituciones, y el señor Carmona tiene información que no tengamos, sería bueno que la compartiera para beneficio de todos esos alcaldes a los que hace alusión".