Boris Becker evita la subasta de la mansión que posee en Mallorca al pagar 'in extremis' 430.000 euros

El extenista Boris Becker ha evitado 'in extremis' que este viernes saliera a subasta la mansión valorada en 8,2 millones de euros que posee en Son Coll, en el municipio mallorquín de Artà, al haber hecho frente minutos antes al pago de 430.351 euros que adeudaba a la empresa que llevó a cabo obras de reforma y mantenimiento en su jardín así como la pavimentación de una pista de baloncesto.

El extenista Boris Becker ha evitado 'in extremis' que este viernes saliera a subasta la mansión valorada en 8,2 millones de euros que posee en Son Coll, en el municipio mallorquín de Artà, al haber hecho frente minutos antes al pago de 430.351 euros que adeudaba a la empresa que llevó a cabo obras de reforma y mantenimiento en su jardín así como la pavimentación de una pista de baloncesto.

En concreto, la vivienda fue embargada por el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Palma, que en julio de 2012 le condenó a abonar la cantidad adeudada. Debido a que la empresa titular de la finca, Goatbrige, no acató en su día la sentencia, el Juzgado procedió a embargar la mansión para su posterior subasta.

En concreto, la demanda fue interpuesta el 25 de mayo de 2010 por la constructora Melchor Mascaró -encargada de los trabajos efectuados en la finca- contra Goatbrige, a través de la cual Becker es propietario del chalet. Sin embargo, la demandada se negó a pagar el importe alegando que la vivienda estaba en proceso de venta y que las obras habían sido en realidad encargadas por el empresario Matthias Kühn.

Es más, justificó que una vez vendido el inmueble se abonaría la cantidad adeudada, ofreciendo entonces únicamente el pago de 80.00 euros. El juicio por estos hechos tuvo lugar el 13 de junio de 2012.

Durante la vista oral, el propio Kühn aseguró no recordar que él tuviera que contratar la reforma ni que se impusiera a Melchor Mascaró el acuerdo de que recibiría el pago de sus trabajos verificada la venta de la vivienda. Según manifestó, simplemente se había encargado de poner en contacto a la empresa demandada con la constructora que se encargaría de las obras.

La sentencia por estos hechos relataba cómo Melchor Mascaró no pactó ni aceptó las anteriores condiciones para cobrar los trabajos. Es más, recalcaba que en el caso de que se hubiera acordado el pago diferido de las obras, se haría preciso una prueba clara de este pacto y la aceptación del mismo por parte de la constructora, "única que puede consentir un pago diferido de sus trabajos".

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