Tercera sesión de la comisión de la Fundación Alcalá Innova con la insistencia de que comparezca Limones

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebró la tarde de este pasado miércoles la tercera sesión de la comisión de investigación creada sobre la gestión de los fondos públicos transferidos a la Fundación Alcalá Innova. Se trata de un acuerdo plenario promovido por el PP y el PA, y apoyado por PSOE e IU-CA, después de que la Fundación Alcalá Innova licitase un "diagnóstico de percepción social sobre la ciudad y su gestión", un contrato que incluía "una estrategia de reposicionamiento" para "optimizar la imagen del alcalde" y que finalmente fue retirado por el Consistorio.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebró la tarde de este pasado miércoles la tercera sesión de la comisión de investigación creada sobre la gestión de los fondos públicos transferidos a la Fundación Alcalá Innova. Se trata de un acuerdo plenario promovido por el PP y el PA, y apoyado por PSOE e IU-CA, después de que la Fundación Alcalá Innova licitase un "diagnóstico de percepción social sobre la ciudad y su gestión", un contrato que incluía "una estrategia de reposicionamiento" para "optimizar la imagen del alcalde" y que finalmente fue retirado por el Consistorio.

Durante la anterior sesión de la comisión, presidida por la concejal socialista Miriam Burgos como vicepresidenta de la propia fundación, las fuerzas políticas de la oposición revisaron las cuentas justificativas de los aproximadamente 7,2 millones de euros transferidos desde el Ayuntamiento a la entidad desde su nacimiento hace aproximadamente 14 años, si bien no habría mediado copia de esta documentación. Igualmente, fue nuevamente expuesta la documentación correspondiente a los pliegos del citado concurso, pues las fuerzas de oposición atisban posibles diferencias en la documentación entre una fase y otra del concurso.

Un "error" en el pliego

La propia concejal Miriam Burgos y el gerente de la fundación se habrían declarado promotores de la simple idea de realizar un nuevo estudio sociológico en el municipio, si bien siempre insistiendo en que los aspectos polémicos contenidos en los pliegos de dicho estudio responden a un "error".

Ya en esta tercera sesión, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, los miembros de la comisión han abundado en la documentación que rodea al asunto, insistiendo las fuerzas de oposición en la idea de que el alcalde debe comparecer. Miriam Burgos habría alegado la difícil "agenda" del alcalde, que además ostenta un acta de senador por Andalucía, con lo que PP y PA habrían mostrado su conformidad a que la siguiente sesión se ciña a la disponibilidad del alcalde para que pueda participar de la misma.

En concreto, la Fundación Alcalá Innova, un organismo sin ánimo de lucro perteneciente al Ayuntamiento alcalareño cuyo fin es la gestión del Plan de Desarrollo Sostenible de Alcalá 2008 (PDSA), había licitado la contratación de un "servicios de consultoría para la realización de un diagnóstico de percepción social sobre la ciudad y su gestión".

El concurso

Los pliegos técnicos del concurso, consultados por Europa Press, contemplaban, textualmente y entre otros aspectos, "la formulación de una estrategia de reposicionamiento, que posibilite el aprovechamiento eficaz de los dos años que quedan de legislatura para relanzar la percepción de mejora de la ciudad y de las condiciones de vida de la población y optimizar la imagen del alcalde y del equipo de gobierno", así como "un sistema de medición objetivo, estadísticamente validado, que mida el resultado de la estrategia de marketing político y electoral a aplicar durante estos dos años".

Igualmente, incluía "una encuesta cuantitativa, para la generalización y ponderación de los resultados del cualitativo en cuanto a la percepción social de la evolución de la ciudad, la identificación y jerarquización de la problemática del municipio, la valoración de la gestión municipal, del alcalde y del equipo de gobierno, la imagen y el posicionamiento de las distintas formaciones políticas y de sus líderes". El gobierno municipal, en ese sentido, había admitido un "error", anunciando la retirada de la contratación.

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