El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha analizado este jueves el anteproyecto de Ley de Transparencia que "va más allá" de la normativa estatal y que establece que altos cargos de la Junta, en torno a 92 personas, deberán presentar su declaración de bienes al acceder al cargo público y al abandonarlo, así como su IRPF anual en diciembre.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha informado de este anteproyecto que se publicará desde el lunes en el portal de Gobierno Abierto para que pueda ser analizado por los ciudadanos. "La transparencia, la información y la cooperación es un círculo virtuoso", ha destacado De Santiago-Juárez, quien ha considerado que la apuesta por estas premisas es "más importante" que un mero "antídoto contra la corrupción".

"Para que lso ciudadanos participen en la actividad política deben tener información", ha defendido, quien ha asegurado que la normativa de la que se ha informado este jueves "prácticamente" recoge todas la sugerencias aportadas por la ciudadanía a través del Gobierno Abierto.

A través de este documento se da cumplimiento a algunos aspectos incluidos en la Ley de Transparencia estatal en la que se establecen determinadas obligaciones como la necesidad de establecer un Comisionado de Transparencia que, en el caso de Castilla y León, será ejercido por el Procurador del Común la institución que "velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública".

No obstante, como ha detallado De Santiago-Juárez, la normativa va "más allá" y establece que se deberá ofrecer información en torno a las relaciones de puestos de trabajo, a las plantillas de personal o a instrumentos análogos; sobre los puestos de personal eventual así como los contratos de alta dirección y sobre las convocatorias de procesos de selección de personal.

Asimismo, también se informará de los convenios colectivos y los acuerdos o pactos o planes reguladores de las condiciones de trabajo o de las retribuciones o incentivos; los textos de las resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o interpretación de las normas dictadas por la Comunidad Autónoma; el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional; el volumen del endeudamiento de la Comunidad, indicando el nivel de deuda en términos de PIB; la estructura de cartera de la deuda, así como su calendario de vencimiento y la finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Por último determina que se dé a conocer a relación de bienes inmuebles de su propiedad cedidos a terceros por cualquier título, la persona o entidad cesionaria y el uso al que se destina el inmueble y el número de vehículos oficiales de los que son titulares o arrendatarios y el uso al que se destinan.

La principal novedad se centra en que a partir de la entrada en vigor de esta norma autonómica, todos los altos cargos de la Junta de Castilla y León estarán obligados a presentar una declaración de bienes, no solo cuando accedan al cargo, como ya se realiza, sino también al abandonarlo. Esas informaciones serán publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León. Además, cada año deberán presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF.

10

Días de aportaciones

La entrada en vigor de esta ley supondrá que cualquier anteproyecto de ley, proyecto de decreto, estrategia, plan o programa se expondrá en el espacio de participación del Portal de Gobierno Abierto durante un mínimo de 10 días. Ello no implicará demora o prolongación de plazos de tramitación, pues no detendrá el procedimiento. Asimismo, la Junta de Castilla y León fija por ley su compromiso de responder individualmente al autor de cada aportación.

La apertura a participación ciudadana contará con las siguientes excepciones: anteproyectos de decreto-ley o decreto-legislativo, anteproyectos de Ley de Presupuestos y de Ley de Medidas, anteproyectos de decretos de estructura y las relaciones de puestos de trabajo.