El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha anunciado que pedirá la comparecencia en sede parlamentaria para ofrecer los resultados de la auditoría iniciada sobre la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que el PP ha pedido la dimisión de los cargos públicos que firmaron o dieron el visto bueno a las ayudas concedidas a dicha fundación.

En comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha recordado que la Junta ha empezado un proceso de fiscalización de la Faffe a través de la puesta en marcha de una auditoría de cumplimiento de esta fundación, analizando el período entre el 1 de enero de 2009 hasta el 3 de mayo de 2012.

Así, se va a practicar la revisión de documentos financieros, contables, se analizarán las operaciones realizadas en ese marco temporal para "determinar si los procedimientos utilizados y medidas de control interno estaban acordes con las normas que se deben aplicar y si dicho procedimiento se ejecutó de forma efectiva para el logro de los objetivos".

"Vamos a comprobar que se ha cumplido lo previsto en derecho administrativo, y asegurar que las actuaciones que se han realizado entran dentro de los cauces de la legalidad administrativa", ha agregado el consejero, quien ha defendido la función del Servicio Andaluz de Empleo.

Maldonado de esta forma, ha dejado claro que cuando las auditorías que se van a acometer estén listos, pedirá su comparecencia en sede parlamentaria para explicar las dos auditorías.

El consejero ha reconocido además que la reducción de fondos del Gobierno central en materia de políticas de empleo hacia Andalucía provocó una merma de fondos para la Comunidad y considera que la situación del SAE "sería otra si no se hubiera dejado de recibir tanto dinero". Ha indicado que dicha merma provocó la necesidad de acometer el plan de reordenación del sector público, con la consiguiente pérdida de efectivos, algo que "se visualizó en los despidos de los asesores de empleo, promotores de empleo y personal de la Utedlt", cuyos contratos fueron extinguidos "por imperativo legal" y a pesar de que "estuvimos tres meses esperando que el Gobierno reconsiderara su posición".

Por su parte la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido que la Junta "asuma su responsabilidad como defensora del dinero público y de los parados andaluces", toda vez que considera que "cada euro que se deriva desde la formación a otro fin se le quita al desempleado andaluz".

Tras recordar los informes de la Cámara de Cuentas sobre la Faffe, ha lamentado la "doble cara de la presidenta de la Junta" y cree que IU "es cómplice del intento de silenciamiento" de esta situación.

Ruiz Sillero ha pedido responsabilidades políticas en este asunto de las subvenciones de la Faffe, toda vez que "nadie ha dimitido" y cree que "el cargo público que firmó las subvenciones debe estar cesado por mala gestión de esos contratos y esas subvenciones, y el jefe de dicho cargo público también".

"Además de hablar, hay que actuar", ha agregado Ruiz Sillero, quien considera que "hay muchos irresponsables gestionando el dinero público con mucha alegría", por lo que insiste en que la Junta "se entere de qué cargo público autorizó y ejecutó" esas ayudas, toda vez que "cesarlo es de sentido común, pues en una empresa privada, si algún directivo actúa en menoscabo de los intereses de su empresa, va a la calle, algo que se debe cumplir aún más en los fondos públicos, donde hay que ser más escrupuloso".

Ruiz Sillero ha lamentado que "se culpe a Mariano Rajoy de los despidos en las Utedlt y los asesores y promotores".

El diputado del PSOE José Juan Díaz Trillo ha resaltado la iniciativa del Gobierno andaluz para esclarecer lo ocurrido, tras le informe de la Cámara de Cuentas, lo que supone "un ejercicio de transparencia y de responsabilidad por parte de la Junta, con las auditorias que va a acometer". "Seremos beligerantes pero no admitiremos lecciones de los que no son ejemplares, como pasa con el PP", ha agregado Díaz Trillo, quien pide a los populares "sentido común y coherencia, que no se centre en el puro desgaste, basado en una mentira tras otra".

La diputada de IU Rosalía Martín ha pedido a la Junta una bolsa de trabajo para acometer servicios de asesoramiento de empleo, formada por los antiguos promotores, asesores y personal de las Utedlt, que son "gente preparada". Considera que "si va a haber planes de empleo, que nos permitan tirar de gente ya formada en la administración pública, como son estos colectivos".

Asimismo, le ha pedido a la Junta que "no siga recurriendo los despidos si no es necesario".