La parlamentaria andaluza del PP de Sevilla Alicia Martínez ha acusado este miércoles a la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU-CA, de "saltar la lista de espera de VPO" en los realojos provisionales promovidos para el colectivo de la Corrala Utopía tras su desalojo del edificio que ocupaba sin título alguno, "para colar a afines de IU mientras que en Sevilla hay 12.300 personas en lista de espera de viviendas protegidas que para la Junta no merecen ser realojados".

"Según dijo la consejera, el realojo transitorio duraría hasta que estuvieran disponibles viviendas de la Consejería para poder alojarlos, en este caso ya de forma definitiva. Eso es lo que perseguían", dice en un comunicado Alicia Martínez, para quien "la conclusión es que si das la patada en la puerta, al final tendrás una vivienda en alquiler social de la Junta, que lo va a hacer saltándose todos los procedimientos que el resto de los ciudadanos tienen que cumplir".

"En Sevilla hay 12.300 personas en lista de espera de viviendas protegidas, ya sea en venta o alquiler, y otras 380 familias también en lista de espera y baremadas por los servicios sociales, pero lo que hace el Gobierno andaluz es colar a los afines a IU", dice la popular, toda vez que la Junta considera avalados los realojos temporales asegurando que los informes de los servicios sociales comunitarios sobre la situación socioeconómica de estas personas probarían su situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social.

"Los informes sociales reconocen una realidad, pero no son una carta blanca para el gobierno andaluz, que ha dejado claro que sólo protege a los suyos, mientras que no mueve un dedo para ayudar al resto de los sevillanos", dice Martínez al respecto. "El Gobierno andaluz ha elegido el desprecio al Ayuntamiento de Sevilla, a los trabajadores sociales y a todos los sevillanos y tendrá que dar las explicaciones necesarias y actuar en consecuencia", ha asegurado Martínez.

LA '

Corrala utopía'

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no". Avisaba el Consistorio, así, que queda pendiente el caso una persona empadronada en otro municipio diferente a Sevilla, así como otro en el que la persona en cuestión no habría acudido a "las citas concertadas" ni habría "colaborado" en la aportación de documentos.

En esta carta, recogida por Europa Press, el Consistorio explicaba que en cada uno de los 15 informes certificados, los trabajadores sociales encargados de estas evaluaciones concluyen si cada una de las unidades familiares se encuentra en una situación adecuada, de vulnerabilidad o riesgo de exclusión o, finalmente, en una situación "deficitaria o de exclusión social". El Ayuntamiento esgrimía además su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en febrero de 2013, señalando que del conjunto de familias, "sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales", toda vez que el resto de familias no habría mostrado "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo municipal.

Los informes

Ya este pasado martes, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunciaba que los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, a través de las citadas evaluaciones, han acreditado la situación de "exclusión social" o de "vulnerabilidad o riesgo" de las 15 familias sometidas a este procedimiento, con lo que su departamento completará el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de "riesgo" o de "exclusión social".

El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su "riesgo de exclusión social", y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios, extremos ambos "certificados por los informes actualizados", según la Junta.

Y es que según la Junta, los citados informes de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejan que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual ya justifica "plenamente" su realojo provisional; y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social". "Los informes sociales actualizados avalan plenamente el proceso de realojo iniciado el 9 de abril, que ahora tendrá lógica continuidad en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz", concluye la Junta.