El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha elevado sendas preguntas en el seno de la Cámara autonómica en las que insta al Consejo de Gobierno a informar sobre el conflicto que atañe a los monitores de educación especial, fundamentalmente afectados por la privatización de servicios públicos.

En las cuestiones, suscritas por la diputada popular María Francisca Carazo y consultadas por Europa Press, se pide a la Junta que detalle las actuaciones que tiene previsto acometer para resolver esta problemática, mientras que también se reclaman datos sobre la titulación que se requiere a los monitores de educación especial de los centros educativos públicos contratados por las empresas adjudicatarias del ente de Infraestructuras para los Servicios Educativos (ISE).

Concretamente, el colectivo de monitores de educación especial pretende lograr la desprivatización de servicios públicos, incluir puestos a jornada completa y que se cumplan los términos del VI Convenio Colectivo.

Estos trabajadores se han unido a los contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos —cuyo despido ha sido ya en algunos casos considerado como improcedente, lo que supondrá la readmisión por parte de la administración autonómica— en varias manifestaciones llevadas a cabo, precisamente, ante el Parlamento andaluz.

En este sentido, los monitores afectados por el Plan de Choque entregaron a los partidos documentación, tal y como ya han hecho ante la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Así, se les pidió que el Parlamento inste a la Junta al "respeto por la legalidad, por los que cumplen con todos los requisitos exigidos y están esperando pacientemente que les toque su oportunidad, y no se dejen influenciar en sus decisiones por los que más gritan".

Estos trabajadores exigen el acceso a un empleo público "respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como los requisitos que exige el convenio para ocupar cada categoría profesional y contra la privatización de los servicios públicos".