Más de 161.000 folios, 450 tomos, seis comisiones rogatorias y 33 recursos de apelación son algunos de los ingredientes que forman parte de la pieza principal del 'caso Emarsa', en el que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo (Valencia), que alcanza los 23,7 millones de euros.

En esta pieza están imputadas 25 personas, entre ellas, el expresidente de la entidad, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y el exgerente, Esteban Cuesta. Todas han tenido que prestar declaración ante el juez, algunas de ellas en más de una ocasión —como Cuesta—, así como un total de 125 testigos y peritos.

Como consecuencia de los interrogatorios a los imputados en esta causa —seguida por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo—, el juez levantó 97 actas de declaración; mientras que en el caso de los testigos, las actas sumaron 232, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Y esto solo en lo relativo a declaraciones. Pero en total, el procedimiento cuenta con 161.941 folios en soporte papel, es decir, 450 tomos, de los que 291 son integrados por documentos. Además, la causa suma dos expedientes electrónicos, con 837 y 533 elementos cada una, y si esta documentación en soporte electrónico se imprimiera, esta pieza principal superaría los 200.000 folios.

Otro detalle que deja entrever la complejidad del caso es que se han sumado un total de 29 piezas de responsabilidad civil, de las que 27 ya han sido finalizadas. Así mismo, el juzgado, en el seno de esta investigación, ha tramitado seis comisiones rogatorias —la mayoría Andorra—; y se han estudiado 33 recursos de apelación, los cuales han sido desestimados posteriormente por la Audiencia Provincial.

Además, en la causa se han formado siete piezas separadas de situación personal, y actualmente está viva la Orden europea de detención, y orden de busca y captura internacional respecto de Jorge Ignacio Roca.

Junto a ella, permanece activa la medida cautelar por libertad provisional, con obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio Schengen para Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Enrique Arnal —ex director financiero de Emarsa—, José Luis Sena —socio de Notec, mercantil dedicada a la gestión de lodos de Emarsa—, Sebastián García —exinformático de la entidad— y Eva María Marsal —administradora del Grupo Mas—.

OTRAS 10

Piezas más

La causa, que se inició hace unos cuatro años, suma un total de 11 piezas. La principal, para la que se acaba de dictar auto de procesamiento, y otras 10 más, de las que tres se han remitido a la Audiencia Nacional por ser este órgano el competente para seguir instruyéndolas.

En concreto, las tres piezas enviadas a la Audiencia Nacional son las 7, 8 y 9. La 7, relativa a blanqueo de capitales, afecta a cuatro imputados: el empresario Jorge Ignacio Roca, el jubilado de Aldaia Vicente Gil y sus dos hijos, propietarios de sendas fábricas, Vicente José y María Yolanda Gil Blay.

La pieza 8 suma 17 imputados por cuatro delitos contra la Hacienda pública, un delito contable y otros de falsedad en documento mercantil. Aquí figuran Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Sebastián García, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno y el propio Roca Samper. Así mismo, la pieza 9 investiga por presunto blanqueo de capitales a Carmen Samper, madre del empresario Jorge Roca.

Lotería de navidad

Por su parte, la pieza 2 del caso es la relativa a la lotería, en la que están imputados el propio Enrique Crespo, su hermano, Carlos, y sus padres. Precisamente en esta pieza, el juez Vicente Ríos fue recusado, pero finalmente la Audiencia le devolvió la competencia.

Las piezas 3, 4, 5 y 7 del procedimiento investigan delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; la número 6 se centra en un delito contra la Hacienda Pública. La pieza 10 investiga el posible desvío de dinero a Hong Kong por parte de Sebastián García y su mujer, María Asunción Pestiñez, por si se pudiera haber cometido delito de blanqueo o alzamiento de bienes.

Por último, en la pieza 11, la última en abrirse, está imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales María Teresa Gálvez, mujer del exjefe de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Ignacio Bernácer.