La concejala de Xuventude y Normalización Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez, ha comunicado verbalmente al alcalde, Ángel Currás (PP), que dimite de todas sus responsabilidades, han señalado fuentes municipales.

Su anuncio se conoce después de la renuncia de siete ediles del grupo de gobierno que recurrirán la sentencia que los condena a nueve años de inhabilitación por haber acordado pagar la defensa con dinero público de un excompañero imputado en la operación Pokemon.

Este fallo judicial se supo después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con el dinero de todos la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.

Los salientes por imperativo legal son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis Bello y Francisco Noya y a esta lista se sumará, por motivos que no han trascendido, Rebeca Domínguez.

Esta concejala se incorporó al grupo de gobierno, que consta de 13 miembros, en abril de 2012, cuando corrió la lista tras la dimisión un año después de las elecciones municipales del alcalde Gerardo Conde Roa, que fue condenado por fraude fiscal.

Rebeca Domínguez, que se encargaba en un principio de la cartera educativa, fue imputada por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias en la Operación Pokemon, que investiga una trama corrupta en contratas públicas, y desde el primer momento se quejó del trato recibido por el alcalde, que pretendía, según ella, que firmase documentos con los que no estaba de acuerdo.

De esto mismo se quejó el dimitido Adrián Varela, que ante la jueza instructora Pilar de Lara se refirió al "trato vejatorio" que dio Ángel Currás tanto a Rebeca Domínguez como a él. Ángel Currás, que sucedió a Conde Roa, está también imputado en la Operación Pokemon por un delito de tráfico de influencias.