El Constitucional anula el euro por receta, pero Madrid se niega a devolver los 3,7M€ recaudados

El Tribunal Constitucional comunicó este martes la anulación el euro por receta en la Comunidad de Madrid. El gravamen, suspendido cautelarmente desde enero de 2013 a petición del Gobierno central, recaudó 3,7 millones de euros durante los 29 días que permaneció en vigor. Sin embargo, los madrileños no recuperarán el dinero que les fue cobrado a menos que litiguen con la Administración.

El máximo órgano judicial español calca en su resolución los argumentos que ya utilizó para declararlo ilegal en Cataluña: invade competencias estatales y hace que el servicio sea "más gravoso" para el ciudadano. La sentencia concluye que su imposición repercute sobre una prestación básica, "empeorándola desde la perspectiva del ciudadano", por lo que proceden a anular el artículo 2.9 de la Ley de medidas fiscales y administrativas 8/2012 que lo hizo posible.

Ignacio González, presidente autonómico, anunció la creación del euro por receta el 31 de octubre de 2012. El PP lo aprobó en solitario en la Asamblea de Madrid el 20 de diciembre, aunque no entró en vigor hasta el 1 de enero. El Consejo de Ministros aprobó llevarlo al Constitucional el 11 de enero, aunque no formalizó el escrito hasta el día 18. El 29, el Pleno acordaba su suspensión cautelar.

El escrito de nulidad aprobado por los 13 magistrados que componen el pleno se ciñe a la inconstitucionalidad de la norma, por lo que no establece si la administración debe devolver las cantidades cobradas indebidamente, como ya ocurrió en el caso catalán.

Javier Rodríguez, consejero de Sanidad, se agarró este martes a esa omisión para avanzar que la Comunidad se va a quedar con lo recaudado: "La sentencia no dice nada. Si dice que hay que devolverlo, indudablemente lo vamos a devolver y si no nos dice nada, indudablemente no lo vamos a devolver".

El Ejecutivo ingresó 3.741.000 euros mientras el euro por receta estuvo vigente, según Sanidad, aunque el consejero de Economía estimó en su momento que la cantidad ascendía a 5 millones. Más de 300.000 ciudadanos tuvieron que abonarla, según los datos parciales ofrecidos por Sanidad en el momento de la suspensión. Sin embargo, también hubo insumisos: 262.716 pacientes se negaron a abonar cantidad alguna por 1.008.277 recetas.

"El ahorro en gasto farmacéutico fue del orden de los 16 millones de euros. Eso, en un espacio corto de implantación. A lo largo de todo el año nos habría permitido ahorrar una cifra de unos 150 o 200 millones de euros", aseguró Rodríguez.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua reclaman que sea la propia Comunidad la que tome la iniciativa. "La medida no fue legal y, por supuesto, tiene haber reparación. Si estuvieron ávidos para cobrarla, deberían poner a disposición de los ciudadanos los trámites para el reembolso", según Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU.

"Es difícil que los pacientes hayan guardado todas las recetas y los tiques, aunque ya advertimos en su día de que deberían hacerlo por si los jueces tumbaban la norma. Caben tanto reclamaciones individuales como una acción conjunta desde las asociaciones de consumidores y eso es lo que vamos a estudiar ahora", concluye.

Los expertos desaconsejan la vía judicial, dado que los trámites de la jurisdicción contencioso-administrativa pueden implicar tasas a la hora de recurrir. "El importe fijo es de 290 euros si es procedimiento abreviado y 350 euros si es ordinario, pero incluye un variable. Si se pierde en Primera Instancia, la apelación es cara, unos 800 euros, e irrecuperable aunque se gane el recurso. Lo que la Administración pretende es que la gente no recurra, claro", detalla la abogada Verónica del Carpio.

En su opinión, los gastos solo compensarán si los afectados se unen a través de colectivos de consumidores: "Se puede hacer una reclamación administrativa, que es gratis y no tiene costas, salvo lo que cuesten el abogado o los formularios que se empleen. Luego se plantea la demanda, si llega el caso".

El Partido Socialista de Madrid, que interpuso el recurso que ha provocado la suspensión de la medida, valora si emprende acciones judiciales contra el presidente de la Comunidad por prevaricación y por responsabilidad patrimonial. "Sabiendo que era inconstitucional, se empeñó en imponerlo. Admeás, hay gastos que han sufragado los madrileños de su maltrecho bolsillo para implantarlo", según el secretario general de los socialistas, Tomás Gómez.

La nulidad del euro por receta es el segundo varapalo que recibe el plan de ahorro sanitario presentado por el exconsejero Javier Fernández-Lasquetty. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tumbó a principios de 2014 la privatización de la gestión de seis hospitales públicos en 2013, lo que obligó a la Comunidad a renunciar al mismo.