El Gobierno de Santiago ve "injusta" la condena a los siete ediles, mientras la oposición exige su dimisión

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santiago, Reyes Leis, ha calificado de "injusta" la condena a nueve años de inhabilitación a los siete concejales del PP en la capital de Galicia que acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de otro edil, mientras que PSdeG y BNG ya han reclamado su inmediata dimisión.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santiago, Reyes Leis, ha calificado de "injusta" la condena a nueve años de inhabilitación a los siete concejales del PP en la capital de Galicia que acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de otro edil, mientras que PSdeG y BNG ya han reclamado su inmediata dimisión.

El Gobierno municipal de Santiago de Compostela está estudiando el contenido de la sentencia para decidir qué decisión adopta a raíz de la condena a los siete concejales, contra la que cabe recurso. A juicio de Reyes Leis, se trata de una sentencia "injusta", pero "hay que respetar las decisiones judiciales".

Por su parte, los grupos de la oposición ya han reclamado la inmediata dimisión de los concejales condenados, una reclamación que el BNG ha hecho extensiva también al alcalde, Ángel Currás, quien permanece imputado en la Operación Pokémon y en la causa por una denuncia por acoso formulada por un policía local.

Los concejales condenados son María Pardo, teniente de alcalde, responsable de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, concejala de Facenda; Francisco Noya, de Festas; Amelia González, de Réxime Interno y Persoal; Juan de la Fuente, de Obras; María Castelao, de Servizos Sociais; y Luis García Bello, de Seguridade Cidadá.

Todos ellos aprobaron en Junta de Gobierno pagar la defensa a Adrián Varela, implicado a su vez en el caso Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes alegando que lo hacía, precisamente, en solidaridad con sus compañeros que se habían sentado en el banquillo el 19 de mayo. No obstante, el mismo día que formalizó su renuncia había sido citado a declarar en calidad de querellado a raíz de la querella presentada contra él por la CIG después de que pidiese el despido de la mujer de un sindicalista.

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