El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha dado este domingo por finalizado el diálogo "con los violentos" en el conflicto del centro social de Can Vies, en Sants, y ha cifrado en unos 200.000 euros los daños causados durante los disturbios de esta semana en Barcelona. "Ante la violencia, vinculada o no a Can Vies, no hay ningún diálogo posible", ha sentenciado el concejal, quien ha avisado que "el tiempo se acaba".

Con tono duro y contundente, el también presidente de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), entidad propietaria del edificio que instó el proceso judicial de desalojo de Can Vies, ha informado en rueda de prensa que, durante los incidentes de la pasada madrugada, se han quemado 38 contenedores, 12 vehículos han resultado calcinados total o parcialmente y una estación del Bicing ha quedado afectada.

"Si hay alguien en Can Vies que quiere dialogar, que salga y de la cara, que de un paso de verdad, porque el tiempo se agota", ha sentenciado. Forn ha recordado que el ayuntamiento "lleva meses dialogando en condiciones complicadísimas, con persecución incluso de la persona que tenía que dialogar", en referencia al concejal del distrito de Sants, Jordi Martí.

Además, como muestra de buena voluntad, TMB solicitó, según ha dicho, la prolongación durante un mes del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a la propiedad del inmueble para continuar las conversaciones con los representantes de los okupas.

A su juicio, el consistorio ha hecho "todos los esfuerzos de diálogo". "Ha sido imposible", ha asegurado, tras recordar que los vecinos que intentaron mediar en el conflicto también se han retirado de la mesa después de que los representantes de los okupas rechazaran una posible solución al conflicto.

Ante la violencia que se ha producido durante cinco noches de esta semana y que ha supuesto daños por valor de unos 200.000 euros —45.000 euros sólo la noche de este sábado según las cifras ofrecidas por Forn—, el gobierno de la ciudad comunicará este lunes a los grupos municipales un plan específico para la situación creada en Can Vies, del que no ha querido avanzar nada.

"No nos someteremos a la violencia", ha indicado, después de mostrar "todo el apoyo" al trabajo de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana porque han hecho "un trabajo importantísimo de contención de manifestaciones" en una situación de extrema dificultad, en su opinión. Forn también ha tenido unas palabras de reconocimiento para los servicios municipales de limpieza.

A pesar de su contundencia, Forn ha dejado parcialmente abierta una posible mediación de la Síndica de Barcelona y el Síndic de Greuges de Cataluña, que han ofrecido estos días su intervención en este conflicto. "Estamos hablando con la Síndica y el Síndic de Greuges", ha dicho, aunque sin concretar si se aceptará su oferta de mediación. "Pero ante la violencia no hay ningún tipo de diálogo", ha avisado.

El diputado de la CUP David Fernández ha pedido al consistorio que "se calme" y asuma "el error y el horror" que cometió al desalojar el inmueble. "El Ayuntamiento ha demostrado tener un nulo respeto por la cultura de los centros autogestionados como Can Vies, no se puede ser bombero pirómano y este es el papel que ha jugado", ha afirmado este domingo tras una "semana muy tensa" que es necesario analizar aunque, en su opinión, la resolución del conflicto está cerca. "Estamos ante las puertas de la resolución", ha vaticinado Fernández, quien ha detallado que eso se conseguirá fuera del consistorio.

Preguntado por el hecho de que varios cientos de personas este sábado se dedican a la reconstrucción del edificio de Can Vies, Forn ha recordado que existen dos informes de los Bomberos de Barcelona y de la empresa encargada del derribo que indican que la estructura está debilitada y existe peligro para las personas que se encuentran en el mismo.

"Hay gente que está jugando con la seguridad de las personas, y son conscientes porque tienen los informes. Es una demostración más de cómo se juega con la buena fe de las personas", ha cargado. Pese a ello, vecinos del barrio y del colectivo okupa han vuelto a participar hoy en los trabajos de reconstrucción, quitando los escombros de la parte derruida. Sin embargo, a primera hora de la tarde se han paralizado los trabajos a la espera que los arquitectos revisen la estructura del edificio y determinen si es seguro continuar.

En respuesta a las palabras de Forn, los antiguos okupantes de Can Vies han declarado que para ellos "dar la cara" significa continuar con la reconstrucción del inmueble. Este lunes se concentrarán con otros colectivos ante la Ciudad de la Justicia para mostrar su apoyo a los detenidos.

Forn también ha explicado que este sábado han sido detenidas siete personas, cuatro por parte de los Mossos d'Esquadra y tres por la Guardia Urbana. Además, se han identificado a otras 225 y 38 contenedores han resultado quemados y doce vehículos afectados por el fuego, cinco totalmente y siete parcialmente. También ha resultada dañada la estación de Bicing de la calle Sant Oleguer, con el CPU estropeado, seis anclajes quemados y varias bicis afectadas.

Precisamente las identificaciones han causado una gran polémica. Los Mossos d'Esquadra rodearon a unos 200 manifestantes en la Gran Via y los identificaron y fotografiaron a todos, una operación que duró unas tres horas. Los identificados denunciaron que la policía les obligó a ponerse una capucha para fotografiarles, algo que consideran ilegal. El concejal de ICV-EUiA Quim Mestre ha rechazado estas identificaciones masivas porque no cumplieron "las garantías legales necesarias" pues se hicieron sin la presencia de un abogado.

De hecho el diputado ecosocialista David Companyon, miembro de la comisión de Interior del Parlament, y el abogado Andrés García Berrio, de la Coordinadora catalana contra la tortura, intentaron cruzar el cordón de seguridad y no se lo permitieron. Con todo, el formación ha pedido la comparecencia del consejero de Interior, Ramon Espadaler, para que dé explicaciones sobre el operativo policial y la "detención ilegal" de los manifestantes. Por su parte, el líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha exigido un pleno extraordinario para que analizar la gestión del alcalde, Xavier Trias, a quien acusa de "ceder al chantaje" de los violentos por paralizar el derribo.