El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Economía y Competitividad a adquirir los compromisos de gasto necesarios para que España participe en el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT).

Según este acuerdo, se destinarán 37,7 millones de euros en los próximos 12 años para la construcción y operación en Chile del mayor telescopio terrestre del mundo, que proyecta la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO, por sus siglas en inglés).

España es miembro de la ESO desde 2006 y contribuye a su presupuesto con cerca de 11 millones de euros anuales: 140 millones en total, sumando la contribución de ingreso. Para participar en el E-ELT deberá pagar una cantidad adicional, por lo que se ha acordado un calendario específico para los próximos doce años. El presupuesto de construcción del E-ELT es de 1.083 millones de euros.

La adhesión de España permitirá, además, la participación de las empresas españolas en las licitaciones que se convoquen para la construcción y operación del telescopio, que sólo están abiertas a los países que suscriban el proyecto y que previsiblemente supondrán 800 millones de euros en contratos. Se estima que la industria española podría obtener alrededor de 130 millones de euros.

El E-ELT, el proyecto más importante de la ESO, se ubicará a 3.060 metros de altitud en el Cerro Armazones en Chile y en su construcción se utilizará la tecnología que España ha desarrollado en el Gran Telescopio de Canarias.

El E-ELT será el telescopio óptico/infrarrojo más grande del mundo, con un espejo de 39 metros de diámetro y capaz de recoger trece veces más luz que el mayor de los telescopios existentes en la actualidad y de corregir las distorsiones producidas por la atmósfera, proporcionando imágenes dieciséis veces más nítidas que el telescopio espacial Hubble.

De la financiación necesaria para su construcción, 300 millones procederán de los presupuestos de la Organización, 350 millones de la adhesión de Brasil a la misma, y el resto, unos 433 millones de euros, se reparten entre las contribuciones adicionales de los Estados miembros.