PRC pide explicaciones al Gobierno por los "graves" problemas de su "desidia" al aplicar la reforma local

De la Sierra cree que el "escándalo" de la RSB demuestra la "falta de previsión, incapacidad e incompetencia" del Ejecutivo regional
Rafael de la Sierra y Rosa Valdés, del PRC
Rafael de la Sierra y Rosa Valdés, del PRC
EUROPA PRESS
Rafael de la Sierra y Rosa Valdés, del PRC

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) pedirá este lunes, en el Pleno del Parlamento, explicaciones al Gobierno autonómico por su "desidia" e "irresponsabilidad" en la aplicación de la reforma local, que supone un "ataque muy duro" a los servicios públicos y está causando "graves" problemas" y "destrozos" en los servicios sociales.

Así lo ha denunciado este viernes el vicesecretario general del PRC y portavoz del Grupo Parlamentario, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la diputada Rosa Valdés y en la que, tras censurar la "falta de actuación" del Ejecutivo, ha vaticinado "futuros" problemas en la prestación de servicios.

El regionalista se ha referido a cuestiones derivadas de la aplicación de la nueva Ley de Régimen Local -que el PRC no comparte, ha recordado-, como el cierre del Centro de Igualdad de Torrelavega o el "escándalo" relacionado con la Renta Social Básica, cuya renovación ha puesto "en peligro" el pago de esta ayuda a "miles" de familias.

De la Sierra, que cree que esta situación demuestra la "falta de previsión", "incapacidad" e "incompetencia" del Gobierno de Ignacio Diego, ha augurado nuevos casos similares, e incluso la no prestación de algunos servicios públicos, si la Administración regional continúa sin tomar medidas para aplicar la nueva ley de régimen local aprobada en diciembre.

El portavoz regionalista interpelará al Ejecutivo en el próximo Pleno para conocer sus previsiones de desarrollo de la norma, al considerar que Cantabria es la comunidad "peor tratada en España", al ser la única -ha destacado- que aún no ha dictado ninguna disposición para evitar que se interrumpa la prestación de los servicios públicos que hasta ahora correspondían a los ayuntamientos y que, en virtud de la reforma, pasan a depender de la Administración autonómica.

Según ha explicado, en lugar de cumplir su "papel básico" y "liderar" la puesta en marcha de la nueva ley, el Ejecutivo cántabro "se está ocultando, como si quisiera pasar de ello", con lo que está creando "problemas, incertidumbres y dudas muy importantes". "Volvemos a tener a los ayuntamientos abandonados a su suerte por la falta absoluta de actuación del Gobierno Regional", ha lamentado.

El diputado del PRC ha indicado que esa "falta de previsión, incapacidad e incompetencia" ha puesto "en peligro" la percepción de la Renta Social Básica por más de mil familias, una situación ante la que el Ejecutivo sólo ha reaccionado habilitando medios extraordinarios por el "escándalo" surgido en los medios de comunicación y "la actitud decidida de los ayuntamientos", entre ellos algunos gobernados por el Partido Popular, como Laredo y Santander, cuyos alcaldes "han puesto el grito en el cielo".

Asimismo, ha señalado que el cierre, a partir del 6 de junio, del Centro de la Mujer de Torrelavega también es consecuencia de la falta de desarrollo de la reforma local, que de mantenerse puede llegar a afectar a otros servicios en materia de educación, cultura, promoción de la mujer, defensa de usuarios y consumidores, vivienda, sanidad, atención primaria de la salud, de servicios sociales y protección del medio ambiente.

INCERTIDUMBRE

"Los ayuntamientos estaban llevando a cabo servicios fundamentales para los ciudadanos que dejan de ser competencia municipal y que debe asumir la Comunidad Autónoma o delegar en los municipios con la correspondiente financiación, pero a día de hoy no se sabe quién va a asumirlos en el futuro y probablemente muchos de ellos dejen de prestarse", ha detallado.

De la Sierra ha recalcado por ello la "gravísima incertidumbre" que suscita el Gobierno al permanecer "inactivo y callado" ante la necesidad de desarrollo de la ley de régimen local. "Nosotros no la compartimos, pero se ha aprobado y en consecuencia hay que aplicarla de la mejor manera posible", ha precisado.

Finalmente, ha indicado que esa incertidumbre se ve agravada tras conocerse, este mismo viernes, que el Consejo de Estado ha informado favorablemente parte del recurso presentado por los ayuntamientos contra dicha normativa, por lo que espera que la respuesta del Ejecutivo en el Parlamento contribuya a clarificar el futuro de los servicios públicos.

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